Varios miles de aldeanos paraguayos que viven junto al Río Paraná, en América del Sur, representan el último reto comunitario para el Banco Mundial.
Como muchos otros grupos en el mundo en desarrollo, alegan que el Banco Mundial fracaso en mantener una positiva política social y ecológica, y piden una investigacion independiente de un proyecto financiado por la institución.
El proyecto es la monumental represa Yaciretá, en el Río Paraná, que afecta a poblaciones ribereñas de Paraguay y Argentina.
Grupos de todas partes del mundo han abrumado al panel de inspección del banco con sus quejas. Llegaron desde las montañas del Himalaya, en Nepal, y las islas estacionales del Río Jamuna, en Bangladesh, y tambien incluyeron empresarios de Tanzania y caucheros del Amazonas.
En la mayoría de los casos no hubo pruebas detalladas de sus denuncias, pero la atención pública ha obligado al banco a revisar la mayoría de los proyectos y efectuar cambios.
El panel de inspección del banco fue creado hace dos años como un mecanismo de apelación que permitiera a comunidades locales elevar quejas respecto a proyectos.
La primera tarea del panel fue examinar los préstamos otorgados para la represa Sardar Sarovar, sobre el Río Narmada, en India. La investigación, conducida por el ex titular del Programa de Desarrollo de la ONU, Bradford Morse, dió como resultado que el banco se retirara del proyecto.
Sin embargo, los críticos argumentaron que el proceso sigue siendo defectuoso porque el panel no fue creado específicamente para cancelar proyectos.
"La gestión del panel es débil", arguyó David Hunter, un abogado del Centro para una Ley Internacional del Ambiente (CIEL), en Washington. "Incluso si uno obtiene lo que quiere, todo lo que se consigue son recomendaciones".
Esto no impide que la presión publica por las conclusiones del panel obligue al banco a retirarse del proyecto. La institución tambien dejó otro proyecto en el Valle de Arun, en Nepal, tras las recomendaciones del panel y un estentóreo clamor internacional.
Sin embargo, otras quejas tropezaron con obstáculos difíciles. En efecto, las denuncias de empresarios fueron las que obtuvieron menos resultados.
El panel desestimó dos casos semejantes. Uno fue protagonizado por una familia de negociantes griegos que perdieron sus tierras en Etiopía por un proyecto del banco. El otro vino de un comerciante irlandés, quien denunció los riesgos ambientales de la planta de electricidad de Ubongo, en Dar es Salaam, financiada por el banco.
Algunos observadores coincidieron que los dos casos fueron desechados porque provinieron de expatriados de Etiopía y Tanzania. También es cierto que, con una excepción, todas las demás quejas lograron significativo apoyo de grupos ambientalistas internacionales.
CIEL y la Red Internacional de Ríos (IRN), basada en California, jugaron un papel importante al respaldar esas quejas, muchas de las cuales involucraron proyectos fluviales.
Uno de los mayores sucesos de la IRN fue el naufragio del proyecto de construcción de una represa de 201 megavatios en el valle del Río Arun, en Nepal, por un costo de 764 millones de dólares.
La principal objeción al proyecto estuvo centrada en el posible impacto ambiental de una carretera de acceso de 122 kilómetros. IRN adujo que la nueva ruta y la previsible llegada de visitantes pondrían en peligro las tradiciones de 450.000 personas pertenecientes a 10 grupos indígenas que viven en el valle.
El valle del Río Arun posee uno de los escasos bosques vírgenes que todavía quedan en el Himalaya.
Otra queja fue elevada el año pasado contra el proyecto agrícola, ganadero y forestal Rodonia (PLANOFORO), en Brasil, que fue puesto en marcha hace tres años para crear reservas "extractivas" que ayuden a los pobladores locales a cosechar 30 productos autóctonos, incluyendo caucho y nueces.
PLANOFORO tuvo el propósito de contrarrestar un proyecto previo del banco por 445 millones de dólares destinado a mejorar 1.500 kilómetros de caminos de tierra en la remota región de Rodonia, que linda con Bolivia. La carretera dió lugar a la migración de 500.000 personas que abrieron la espesura para poder cultivar.
En 1991, la destrucción de los bosques de Rodonia proseguía a un ritmo 10 veces superior a los cálculos originales, segun estimaron los ambientalistas.
Mas de 25 grupos que representaban a pequeños granjeros, caucheros, sindicatos, grupos ambientalistas y pueblos indígenas en Rodonia, se quejaron que el proyecto PLANOFORO tenía numerosos "impedimentos", incluyendo el fracaso del Banco Mundial para implementar sus propias políticas y directivas.
La gerencia del banco desestimó la denuncia basándose en que hubo datos insuficientes para sustentar la queja.
A fines del año pasado, activistas chilenos denunciaron a la Corporación Financiera Internacional (IFC), la filial del Banco Mundial que promueve inversiones del sector privado. Los activistas acusaron al IFC de hacer caso omiso de normas ecológicas al prestar 70 millones de dólares para erigir una represa en el Río Bio Bio.
La represa bloquea el río que desciende alrededor de 1.100 metros desde la Cordillera de los Andres a la ciudad de Concepción, sobre el Océano Pacífico.
Tambien en esa oportunidad la gerencia del banco rechazó la queja, señalando que el panel no estaba autorizado a investigar proyectos del IFC. No obstante, el banco decidió enviar a Jay Hair, ex titular de la Federacion Nacional Naturalista de Estados Unidos, para observar el problema.
En la actualidad el panel afronta dos nuevos desafíos.
En septiembre, miles de habitantes de Bangladesh que perdieron sus hogares por las severas tormentas ocurridas en mayo, elevaron una queja al organismo.
Alrededor de 2.750 pobladores "char" (isla fluvial) del río Jamuna, la principal vía de agua en la parte central de Bangladesh, afirmaron que la causa de su malestar era el dragado de un canal de desviación y la construcción terraplenes.
Los terraplenes tienen el propósito de abrir camino a un puente de 4,8 kilometros de longitud y 696 millones de dólares de costo, el cual contendra tráfico carretero y ferroviario, así como conductos eléctricos y de gas.
La última queja surgió de Paraguay, donde miles de personas que viven sobre las costas del Rio Paraná están condenadas a perder sus hogares y pertenencias debido al caudal de agua del embalse de la represa Yaciretá, en el límite entre Argentina y Paraguay.
El embalse abarcará más de 1.000 kilómetros cuadrados y tanto los pobladores de la ciudad de Encarnación, la segunda en importancia de Paraguay, como Posadas, en el lado argentino, se verán afectados por la gigantesca obra, que quedará finalizada en 1998 tras una década de polémica construcción. (FIN/IPS/tra- en/pc/yjc/ego/en)
