El derrame de 235.000 toneladas de desechos tóxicos de una mina propiedad del presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, provocó un desastre ecológico de consecuencias imprevisibles que también amenaza a comunidades ribereñas de Argentina y Paraguay.
La ruptura del dique de una mina de la Compañía Minera del Sur (Comsur), de la familia Sánchez de Lozada, provocó la expulsión de 235.000 toneladas de contaminantes, como arsénico y cianuro, en la quebrada del río Yana Machi y otros que desembocan en el Pilcomayo, cuyas aguas llegan a Paraguay y Argentina.
El accidente, que fue calificado por expertos de la Universidad de Tarija como "el mayor desastre ecológico en la historia del país", colocó en una situación incómoda al presidente de Bolivia, impulsor de una iniciativa continental como la Cumbre Hemisférica sobre Desarrollo Sostenible.
Un parlamentario opositor dijo que resultaba irónico que Bolivia sea sede en diciembre de una reunión de 34 mandatarios sobre desarrollo sostenible y tenga "las más avanzadas leyes ambientales de América Latina", pero no se cumplen.
En la sureña localidad de Tarija, cerca de la frontera con Argentina, grupos cívicos convocaron a una marcha "en defensa de la vida y el medio ambiente", y anunciaron que exigirán a la empresa Comsur que asuma el costo de los daños ocasionados a los cultivos que utilizan aguas del Pilcomayo para el riego.
"Queremos evitar que hayan más muertes, cultivos contaminados y que nuestro pueblo tenga que migrar de las riberas del río Pilcomayo debido a que sus aguas están en proceso de contaminación", dijo el presidente del comité cívico de Tarija, Julio Rodríguez.
En tanto, la Universidad estatal de Tarija elaboró un estudio técnico en el que denunció que el Pilcomayo está contaminado con arsénico por el accidente de la mina Porco y que esa sería la causa de la muerte de tres menores de edad que habrían bebido aguas y comido peces de ese río.
Una comisión gubernamental que recorrió los lugares por donde se expandieron los residuos restó importancia al accidente y señaló que esos desechos no provocaron daños a los animales ni a las tierras, porque la empresa Comsur tomó medidas a tiempo.
Waldo Vargas, secretario nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, aseguró que por los resultados de los estudios de laboratorio se pudo establecer que el efecto del derrame es mínimo y que el consumo de las aguas del Pilcomayo puede continuar "como antes del accidente".
Sin embargo, el ministro de Desarrollo Sostenible, Moisés Jarmusz, recomendó a los habitantes de la cuenca del Pilcomayo que evitaran bañarse en ese río, beber sus aguas o comer pescados hasta tener una certificación precisa sobre los niveles de contaminación.
En Paraguay, el gobierno y la prensa de Asunción expresaron su preocupación, e incluso llegaron a protestar por las consecuencias que podrían tener los desechos tóxicos en el río Pilcomayo.
En respuesta a las consultas del gobierno paraguayo sobre el tema, las autoridades bolivianas anunciaron que entregarán a ese país el informe oficial sobre la contaminación de varios ríos que alimentan con sus aguas al Pilcomayo, según el cual los residuos no llegaron a afectar al río internacional.
Esa visión fue duramente criticada por la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), la principal organización ambientalista no gubernamental de Bolivia, que acusó al gobierno y a la empresa Comsur de minimizar la graveded del accidente de la mina Porco.
Carlos Peláez, coordinador de Lidema para asuntos legislativos, dijo que la empresa minera del presidente boliviano ha ocultado pruebas que revelaban la verdadera magnitud de ese accidente.
Además, dijo, campesinos de la región de Porco alertaron oportunamente a la empresa minera que el dique de contención de residuos tenía pequeñas fugas desde algún tiempo antes del accidente y que Comsur no tomó medidas para evitar el accidente.
Estudios especializados señalan que el problema de la contaminación de los ríos del oeste y sur de Bolivia tiene múltiples fuentes, y que los focos de contaminación son decenas de minas que operan en esa región.
Esos estudios sostienen que no hace falta hacer análisis de laboratorio sino sólo ver el color de las aguas para saber que los ríos llevan residuos mineralógicos.
En la última década, se vierten en los ríos bolivianos cada día más de 1.000 toneladas de residuos de plomo, zinc, estaño, plata y reactivos, dijo Thomas Hentschel, director del programa de Manejo Integrado del Medio Ambiente en la Pequeña Industria, de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
Para Hentschel, sólo las empresas Comsur e Inti Raimi, otra compañía minera privada, tienen diques de almacenamiento de desechos tóxicos, mientras decenas de otras minas medianas y pequeñas arrojan directamente sus residuos a varios ríos afluentes del Pilcomayo. (FIN/IPS/jcr/ag/en/96
