Miles de paraguayos que perdieron sus casas, medios de subsistencia y salud por culpa de las aguas embalsadas del Río Paraná, están buscando reubicarse con asistencia del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los paraguayos firmaron una reclamación preparada junto con los dos bancos por Sobrevivencia, la filial paraguaya de Amigos de la Tierra. El Banco Mundial y el BID aportaron 1.600 millones de dólares desde 1979 para contruir la represa de Yaciretá.
La denuncia alega que los bancos violaron sus propias políticas sobre reinstalación, tutela ambiental, pueblos indígenas y terrenos naturales. Es la séptima queja que se eleva con el Banco Mundial y la primera con el BID.
Con una longitud de 70 kilómetros, la represa de Yaciretá embalsa las aguas del Paraná en una zona fronteriza entre Argentina y Paraguay. Ambos países comparten equitativamente la represa, operada por un organismo conjunto llamado Entidad Binacional Yaciretá (EBY).
Cuando la construcción quede completada en 1998, nueve años y algunos miles de millones de dólares por encima del costo y lapso presupuestado, según los cálculos del Banco Mundial, las compuertas de la represa estarán completamente cerradas y el agua subirá de sus actuales 76 metros sobre el nivel del mar a 83 metros.
Como consecuencia, alrededor de 1.650 kilómetros cuadrados de tierras, tres cuartos de esa superficie en Paraguay con la mayor parte de sus terrenos naturales, quedarán bajo el agua. El Banco Mundial estimó que unas 50.000 personas deberán ser reubicadas.
Uno de cada tres residentes de Encarnación, tercera ciudad en importancia de Paraguay, se verán inundados junto con escuelas, iglesias y 500 negocios. Del otro lado del río, los vecindarios pobres de la ciudad argentina de Posadas, situados en la costa, tambien quedarán sumergidos.
Alrededor de 300 islas, muchas de las cuales albergan especies únicas de flora y fauna, igualmente desaparecerán bajo el agua.
Los reclamos provienen de Encarnación. Pretenden que los bancos eviten que el EBY suba más el nivel del agua y adopte medidas inmediatas para remediar la situación actual.
Según el documento, enfrentan una situación casi desesperada.
El aumento del nivel del agua ya obligó a la reinstalación de 5.000 personas "en casas pequeñas y de mala calidad", según la denuncia. Su costo de vida aumentó desde entonces porque deben pagar el transporte a su trabajo y el traslado de sus hijos a la escuela. Muchas familias debieron retirar sus niños del colegio.
También perdieron su principal fuente de subsistencia: el pescado.
"Operarios en… cerámica y pescadores han perdido su recurso básico", apuntó la queja. "Lavanderas, panaderos y pasteleros en la zona adyacente al embalse quedaron sin clientela debido al impacto de la baja calidad del agua sobre los bienes que producen y los servicios que prestan".
Vegetación descompuesta, aguas estancadas y desagues desbordados por la creciente de las aguas han causado numerosas enfermedades en los residentes, incluyendo diarrea, infecciones parasitarias y males de la piel, según informes sanitarios del gobierno.
El área se ha convertido en un habitat ideal para insectos transmisores de malaria y esquistosomiasis, que se propaga por una pequeña culebra (bilharzia) y mata alrededor de 500.000 personas por año en el mundo.
Las violaciones de las políticas de los bancos "son tanto de procedimiento como de sustancia", afirmó la queja. "Derechos básicos de participación y acceso a la información, que están incorporados a muchas políticas similares, han sido negados en este proyecto".
Bajo las políticas de los bancos, las tierras naturales solo pueden ser destruídas una vez que se atribuyeron terrenos compensatorios. Sin embargo, mientras 80.000 hectáreas de tierras paraguayas serán inundadas, solo 9.000 hectáreas compensatorias han sido adjudicadas y no están protegidas, según la denuncia.
"Entre los límites de esa 'reserva' hay una base militar, una autopista internacional, un gran vaciadero de basura sin reglamentar para la ciudad de Ayolas, y un área que fue destruída por terrenos prestados para la construcción de la represa", señaló el documento.
La población indígena Mbya Guaraní vivió desde siempre en sus tierras ancestrales, que están reconocidas de su propiedad por la constitución paraguaya. La mayoría ha sido realojada ahora en un tramo de tierra cortado por una autopista y cables de alta tensión.
La política del Banco Mundial requiere que la calidad de vida mejore o, al menos, se mantenga igual despues de la reubicación.
Mediante un publicitado "rescate", monos y ciervos fueron sacados de las tierras destinadas a la inundación. No obstante, los animales "no fueron instalados en apropiadas reservas de reemplazo y su supervivencia es problemática", dijo la denuncia.
William Partridge, entonces jefe de la unidad ambiental del Banco Mundial, dijo el año pasado a un equipo cinematográfico canadiense que "el rescate individual de animales hace buena televisión y sirve de propaganda al proyecto…, para mostrar que nos esforzamos en rescatar monos y ciervos".
"Sin embargo, en términos de impacto sobre la biodiversidad, de valores ecológicos, el efecto es mínimo", aseguró.
Los bancos designaron paneles de inspección para responder a las críticas que estaban financiando proyectos social y ambientalmente perjudiciales, y las personas afectadas carecen de recursos.
En su denuncia, Sobrevivencia dijo que en el pasado había sometido esos problemas a la atención de las dos instituciones, pero ambas fracasaron en adoptar medidas. (FIN/IPS/tra- en/aa/jl/ego/en)
