Los pueblos indígenas ngobe-bugle, de Panamá, y nuu-chah-nulth, de Canadá occidental, luchan ambos contra grandes compañías canadienses que pretenden explotar los recursos naturales de los territorios que habitan.
La subsidiaria canadiense de la gigantesca multinacional minera Rio Tinto Zinc (RTZ) planea extraer cobre de la región de Cerro Colorado, en Panamá, mientras la MacMillan-Bloedell ya está talando los bosques templados de Clayoquot Sond, en la isla de Vancouver, perteneciente a la provincia de Columbia Británica.
Estas actividades provocan serios daños al ambiente y a las sociedades indígenas cuya reivindicación sobre esas tierras se remonta a milenios.
Las dos empresas involucradas fueron, además, condenadas este miércoles por la Unión Mundial para la Conservación (IUCN), la principal institución científica del planeta dedicada a cuestiones ambientales.
Después de una reunión de dos semanas en Montreal, la IUCN, que comprende a 75 gobiernos, 110 agencias gubernamentales y docenas de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, adoptó importantes resoluciones en defensa de los pueblos indígenas.
La IUCN nunca había intercedido a favor de los aborígenes, pues tradicionalmente se dedicó a la protección de especies animales y vegetales en peligro por la depredación ambiental y la caza indiscriminada.
Este año, una delegación de Perú presentó diez resoluciones en defensa de los pueblos indígenas, al tiempo que varias organizaciones no gubernamentales propusieron otras referidas a proyectos específicos, como los de RTZ en Panamá y Mac Millan- Bloedell en Columbia Británica.
La iniciativa peruana reclama a todos los gobiernos que integran la IUCN a consultar exhaustivamente a los pueblos indígenas y a disponer que compartan los beneficios de cualquier explotación comercial de sus recursos culturales, biológicos y minerales.
La delegación de Perú también exigió a los gobiernos que respeten cualquier decisión negativa de sus comunidades indígenas a la explotación de esos recursos.
"Queremos que las compañías y los gobiernos demarquen nuestros territorios y nos den la oportunidad de negociar directamente cualquier emprendimiento que se desarrolle en ellos", dijo Eligio Alvarado, dirigente indígena de Panamá que representa a las comunidades de América Central.
"El eje de la discusión sobre cómo determinar los derechos de gobiernos, empresas y pueblos indígenas es el reconocimiento del derecho fundamental de los nativos sobre sus territorios", dijo Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Además, se adoptaron varias resoluciones específicas acerca de la protección de los pueblos indígenas de América Central, de la región andina y de Sudáfrica.
Por otra parte, las decisiones del Congreso respecto de proyectos concretos fueron aprobadas tras delicadas negociaciones entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales.
La propuesta sobre Clayoquot, presentada por Greenpeace, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, el estadounidense Club Sierra y el Fondo Mundial para la Naturaleza fue adoptada después de intensas conversaciones entre esos grupos y el gobierno provincial de Columbia Británica.
Una iniciativa de la organización internacional Amigos de la Tierra acerca de Tibet se aprobó tras negociaciones con el gobierno de China.
Esa resolución, en su formulación definitiva, reclama a Beijing que efectúe consultas con la IUCN respecto de la proyectada represa en Yamdrok Tso, un lugar sagrado para el budismo tibetano.
La asamblea también resolvió respaldar a los pueblos que habitan el delta del río Fly, en Papúa-Nueva Guinea, cuyas aguas fueron contaminadas por la mayor compañía minera de Australia, Broken Hill Proprietary, que explota cobre en esa isla.
Los pueblos itelmán, koryak y veni, de Kamchatka, en el lejano oriente de Rusia, fueron respaldados en su lucha contra los proyectos de minería de oro en sus territorios.
También se apoyó a los jabiluka de Cape York, en el norte de Australia, quienes procuran impedir la explotación de uranio en la mina Ranger, que provoca contaminación en las aguas de la región.
Pero hubo iniciativas a favor de los pueblos indígenas que fueron retiradas después de que se advirtió falta de consenso, como una referida al pueblo ogoni de Nigeria, cuyas tierras son devastadas por las operaciones de la compañía petrolera Shell Oil, de capitales holandeses y británicos. (FIN/IPS/tra-en/pc/jl/mj/en pr/96
