El derecho a la tierra, como fuente de recursos, y al territorio, como parte de la unidad histórica y cultural, es la demanda de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica desde hace 504 años.
La demanda de territorialidad "está vinculada a la identidad cultural de nuestros pueblos, a la autonomía organizativa, al aprovechamiento de los recursos naturales", dijo a IPS el quichua Rodrigo de la Cruz, asesor técnico de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Al abrirse el capítulo de la colonización en América, hace 504 años, "las estrategias y mecanismos para conseguir el reconocimiento territorial de los distintos pueblos de la región amazónica han sido muy diversos, pero con un objetivo común", dijo De la Cruz, un indígena quichua.
Los ocho países que integran la cuenca amazónica -Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Suriname y Venezuela- presentaron diferentes formas de dominio sobre los territorios de asentamiento tradicional indígena.
Estas diferencias "se fueron marcando más conforme se estructuraban los procesos políticos y se establecía el concepto de nación en América", comentó el experto.
En Brasil, por ejemplo, la explotación minera provocó la colonización de miles de "garimpeiros" (mineros artesanales buscadores de oro) en los territorios indígenas, que luego pasaron a ser grandes consorcios que continúan explotando estos recursos, dijo De la Cruz.
En Bolivia, la extracción de la madera se ha ejercido sin el "consentimiento previo e informado" de los pueblos indígenas y es hasta hoy un constante punto de conflicto con autoridades y empresarios.
En Venezuela, se creó en 1991 la novedosa figura de reserva de biósfera para proteger el hábitat del pueblo yanomami, pero en la Corte Suprema de Justicia duerme un reclamo constitucional de todos los indígenas del estado de Amazonas contra la artificial división municipal de su territorio.
"No podemos hablar de un movimiento indígena homogéneo", dijo a IPS Pablo Ortiz, consultor del programa de Bosques, Arboles y Comunidades Rurales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
"Cada pueblo desarrolla sus formas de resistencia, por sus condiciones culturales y la manera en que se presenta el conflicto", comentó el experto.
Sin embargo, "el movimiento indígena ha logrado identificarse con una serie de planteamientos que ahora forman parte de las agendas políticas de todos los países del mundo", afirmó De la Cruz, pues "el derecho al territorio contempla la conservación del medio ambiente, que afecta a toda la sociedad".
A pesar de que la mayoría de países amazónicos carecen de una legislación apropiada donde se contemplen los derechos indígenas a la territorialidad, los acuerdos internacionales han abierto una alternativa en este campo.
Así lo demuestra la firma de varias convenciones internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se suscribió en junio de 1989 y plantea el derecho a la identidad cultural, a la tierra, al empleo y a la educación de los indígenas.
Bolivia, Colombia y Perú son los países amazónicos que ratificaron el acuerdo de la OIT, "que representa un compromiso para los gobiernos", comentó De la Cruz, pero otros países como Ecuador, "mantuvieron una tenaz oposición al acuerdo por considerar que atenta contra la soberanía y la unidad nacional".
Otro ejemplo es el convenio de Biodiversidad, de julio de 1992, que fue suscrito en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro e introdujo el tema de la soberanía de los estados en los recursos biológicos y genéticos.
Pero "el problema continúa cuando esos convenios se convierten en formas de legitimar las políticas internas hacia el exterior", apuntó Ortiz.
En Ecuador, "tenemos una legislación que, aplicándola, podría dar solución a muchas de las demandas indígenas y sin necesidad de firmar convenios internacionales, pero falta voluntad política definitivamente", dijo De la Cruz.
Según este experto, es aquí donde el compromiso internacional puede jugar un papel importante.
"Muchas experiencias trascendentes sobre conflictos socioambientales se han desarrollado en los pueblos amazónicos en los últimos años", observó Ortiz, para quien se está adoptando una concepción distinta hacia la negociación por parte de los indígenas, el Estado y las empresas que explotan los recursos.
El acuerdo alcanzado por la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), en la región amazónica de Ecuador, con el consorcio petrolero Arco, es considerado como uno de los logros de negociación más significativos de los últimos 25 años, cuando empezó la explotación petrolera en Ecuador.
La Arco, con el apoyo del Estado ecuatoriano, pretendía construir un oleoducto en territorio de las 240 comunidades quichuas que agrupa la OPIP.
Tras varios años de negociación con los indígenas que se oponían al proyecto, se firmaron recientemente acuerdos de indemnización por daños socioambientales y de capacitación laboral, y se abrió un fondo para el rescate ambiental y el patrimonio cultural.
Para de la Cruz, otro camino se abre por medio de la participación política, que en los últimos años adquirió gran fuerza en los países de mayor presencia indígena, como Bolivia, Perú y Ecuador.
En Ecuador, donde existen 10 etnias, siete de las cuales habitan en la selva amazónica, la participación de indígenas con candidatos independientes en las elecciones generales de mayo pasado "marcó una nueva etapa en la historia política del país", afirmó De la Cruz.
El movimiento indígena consiguió ocho escaños en el parlamento, de los 82 disponibles, y 71 dignidades locales y seccionales en todo el país.
El Congreso ecuatoriano acaba de aprobar una ley para la protección de la biodiversidad, que fue promovida por el bloque parlamentario indígena como respuesta a la llamada "biopiratería internacional".
La ley establece que el Estado es el único titular de los derechos de propiedad de las especies que conforman la biodiversidad de este país, que serán consideradas como bienes nacionales y de uso público.
"Siento que la sociedad ha cambiado luego de siglos de lucha, ahora existe una conciencia de la problemática indígena, pero nuestras demandas continuarán a lo largo del próximo siglo, eso sí, con vientos mejores", aseguró De la Cruz. (FIN/IPS/mg/ag/pr/96
