El comité internacional que prepara los documentos a presentarse a la Cumbre Mundial sobre Alimentos reanudará este martes su discusión, complicada por desacuerdos entre países industrializados y en desarrollo.
El Director General de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Jacques Diouf, subrayó que la suerte de los 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo estará en juego en la cumbre mundial, a celebrarse del 13 al 17 de noviembre en Roma.
A su vez, el éxito de la conferencia depende de la redacción de los dos documentos que deben aprobar los 100 jefes de Estado y de gobierno aguardados en Roma, advirtió Diouf.
El director general solicitó la rápida finalización del trabajo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que se interrumpió el 30 de septiembre debido a divergencias respecto de la Declaración de Roma y del Plan de Acción, los dos documentos de la cumbre.
Los proyectos de declaración final y de Plan de Acción deben estar listos con tiempo suficiente para que los participantes en la conferencia puedan examinarlos.
Los problemas se concentran en los 200 puntos entre corchetes, sobre los que no hay acuerdo en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.
Los delegados de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Canadá aceptaron reanudar las negociaciones, tras oponerse inicialmente aduciendo que no tenían instrucciones de sus gobiernos para hacerlo.
Integrantes del Grupo de los 77 (G-77), que representa a las naciones en desarrollo, creen que aquellos países sólo intentan evitar la acusación de bloquear el acuerdo sobre los documentos.
El G-77 se opuso infructuosamente a la suspensión de las negociaciones, que habían empezado el 23 de septiembre.
Diouf solicitó la conclusión de las negociaciones preparatorias de la cumbre antes de este jueves, cuando finalizará el actual período de sesiones del Consejo de FAO, comenzado el dia 1.
"Los alimentos no deben ser usados como instrumento de presión política y económica", reza una de las cláusulas de mayor polémica, propuesta por el G-77.
Se trata de una condena implícita de la política del embargo económico, como el que Estados Unidos aplica desde hace más de 30 años a Cuba y la Organización de Naciones Unidas a Iraq, desde 1989.
El G-77 intenta reafirmar la "importancia de la cooperación y la solidaridad internacional y la necesidad de eliminar la aplicación de medidas unilaterales económicas y comerciales por un estado o un grupo de estados contra otro que afecten la libre circulación del comercio internacional y pongan en peligro la seguridad alimentaria".
Tampoco hubo acuerdo respecto de la declaración de la alimentación como derecho fundamental, que permanece entre corchetes.
Según FAO, 200 millones de niños menores de cinco años sufren carencias de proteínas y de productos energéticos. (FIN/IPS/jp/ff/dv/96
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