Líderes sindicales de Zimbabwe levantaron hoy una huelga de dos semanas del sector público, y aunque algunos trabajadores consideraron la medida como una derrota, se debate si el gobierno ha ganado algo más que una victoria pírrica.
Además de tener como resultado millones de dólares en ganancias perdidas por el Estado, la huelga también fue la expresión más seria de la insatisfacción pública con el gobierno, para el cual el costo podría ser alto, según analistas.
La elección de autoridades municipales entre el 14 y el 15 de septiembre será una prueba del efecto de la huelga sobre el gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF).
Los comicios enfrentarán a Solomon Tawengwa, del ZANU-PF, al candidato independiente Kempton Makamure.
Por ahora, no obstante, los funcionarios públicos se lamen las heridas. Frank Chamunorwa, vicepresidente de la Asociación de Servicios Públicos, dijo este miércoles que la decisión de cancelar la huelga se tomó porque la medida comenzaba a resultar inconducente.
Algunos trabajadores empezaban a regresar a sus puestos de trabajo y el comité negociador sindical estaba fragmentado, dijo Chamunorwa a IPS, y añadió que "ahora no tenemos una estrategia".
Más de 80 por ciento de casi 190.000 funcionarios públicos iniciaron la huelga el 20 de agosto, en demanda de un aumento salarial de 60 por ciento, facilidades de vivienda, transporte y servicios funerales.
La protesta finalizó después que el gobierno revocara este martes la decisión de despedir a los huelguistas.
No obstante, un anuncio este martes de la ministra de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social, Florence Chitauro, de que los trabajadores no serán remunerados por las dos semanas en que mantuvieron la huelga indignó a muchos de ellos.
El equipo negociador de los huelguistas dio plazo al gobierno hasta el 27 de septiembre para satisfacer sus demandas o enfrentar otra medida sindical.
Pero este martes Chitauro reiteró que el gobierno mantendrá el compromiso de entregar un 20 por ciento de incrementos salariales por año en el período 1996-1998.
La demanda salarial de un aumento inmediato de 60 por ciento se produjo en medio de la constante caída de los salarios reales bajo el programa de ajuste estructural iniciado hace cinco años.
Según el Consejo de Consumidores de Zimbabwe, una familia de seis personas necesita el equivalente a 277.7 dólares estadounidenses mensuales para subsistir, y pocos empleados públicos ganan más de 200 dólares.
El gobierno está atrapado entre las demandas sindicales y la necesidad de cortar sus gastos, de los cuales alrededor de 40 por ciento fue asignado a salarios en el presupuesto 1996-1997 anunciado en julio.
Según economistas, la huelga costó al Estado más de 100 millones de dólares en ganancias perdidas en importaciones, exportaciones y potenciales inversiones, lo cual podría elevar el déficit presupuestal, estimado en 8,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) para 1996-1997.
Pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó la asistencia a un segundo programa de reformas económicas quinquenal a la reducción del gasto estatal, el cual representa alrededor de la mitad del PIB del país.
El año pasado, el FMI retuvo unos 60 millones de dólares de respaldo a la balanza de pagos, e instaló supervisores en el Banco de Reserva para asegurar que el gobierno controlara sus gastos, que en 1995-1996 habían conducido a un déficit presupuestal equivalente a 10,1 por ciento del PIB.
En el primer cuatrimestre de este año, el gobierno tomó créditos por 450 millones de dólares en le mercado financiero interno, lo cual elevó la deuda total del país africano a unos 7.000 millones de dólares, según el Standard Chartered Bank de Zimbabwe. (FIN/IPS/tra-en/lm/kb/lp/lb-ip/96
