El gobierno de Venezuela decidió una purga en la Policía Pudicial, para sofocar críticas por "fuga de información" en un caso de homicidio que mostró complicidad con delincuentes y conflictos entre cuerpos de seguridad.
Con la purga fueron destituídos el subdirector de la Policía Judicial, Eleazar Cuotto, y el jefe de la sección de homicidios, Leonardo Díaz, en tanto permanece José Lazo, director de ese cuerpo de más de 3.000 funcionarios, auxiliar de los jueces y dependiente del Ministerio de Justicia.
Otros jefes de secciones fueron reubicados como responsables de regiones, luego que el ministro de Justicia, Henrique Meier, aseverase que tanto él como el presidente Rafael Caldera confían en el comisario Lazo, "pero sólo hasta él", y de ahí en adelante "hay que proceder a una profunda reorganización".
El analista José Vicente Rangel dijo que "por dignidad, Lazo debería renunciar", y miembros del grupo parlamentario que investiga a la policía, el izquierdista José Albornoz y el independiente Emilio Rondón, reclamaron que la reorganización "abarque a todas las policías".
La actual crisis policial detonó tras el asesinato el 20 de junio del abogado José Totesaut, yerno de Rangel, cuya investigación ha desnudado vicios de los cuerpos de seguridad, como guerras entre ellos y connivencia con delincuentes.
Rangel, quien puso el peso de su presencia en la prensa, radio y televisión en señalar al empresario bursátil Rafael Alcántara como presunto autor intelectual del crimen, acusó a la Policía Judicial de "fugas de información" para favorecer orientaciones sesgadas de las investigaciones.
Extraoficialmente se informó que Caldera sumó, a las denuncias sobre esas fugas, las recibidas sobre incompetencia policial ante el robo de vehículos y la identificación de los que son llevados a la vecina Colombia, así como lo que Rangel llamó "vasos comunicantes con el hampa".
En el Caso Totesaut, esos vasos comunicantes aluden a denuncias de que responsables policiales se unen a delincuentes para cometer delitos, y de ofertas de policías a criminales para que cambien seguridad por falsos testimonios.
Otras denuncias señalan que ex funcionarios reingresan a cuerpos policiales incluso después de ser condenados a penas de cárcel por delitos durante sus funciones y distintos crímenes y sus culpas son producto de rivalidades y guerras entre organismos de seguridad.
En ese marco, la vigencia de los derechos humanos es muy precaria, comenzando por el de la vida, pues si los 22 millones de venezolanos padecen 5.000 homicidios anuales, también sufren ejecuciones extrajudiciales: 126 en 1995 y 94 en lo que va de 1996.
Lazo dijo este miércoles a descreídos comentaristas radiales que los cambios en el organismo que dirige son rutinarios y restó importancia a la fuga de información, atribuyéndola a "la comunicación de muchos años que existe entre policías y periodistas".
La denuncia de que la policía deliberadamente deja escapar información, aún la que está bajo secreto sumarial, para crear "matrices de opinión" en favor de falsas hipótesis en los casos que trabaja, conllevaría también responsabilidades en periodistas y medios de comunicación.
En ese clima, Caldera decidió "cortar algunas cabezas", según fuentes cercanas al palacio de gobierno, para sofocar las críticas y el escándalo antes de que escapase de sus manos.
Dolido por la remoción, el comisario Cuotto, quien fue subdirector del cuerpo, dijo que "si se cedió a presiones, el gobierno es débil, y si Rangel es tan bueno, deberían nombrarlo director". (FIN/IPS/hm/ag/ip-hd/96
