El gobierno de Venezuela levantará "en el corto plazo" la emergencia financiera implantada hace dos años, luego que el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró "estabilizado" el sector bancario, informó el ministro de Hacienda, Luis Matos.
La medida completaría el esquema de liberación económica que el presidente Rafael Caldera adoptó en abril, tras 21 meses de una política de controles y dirigismo de la economía que fracasó en su objetivo de abatir la inflación y detener la recesión.
Toda la actividad bancaria quedó a órdenes de una Junta estatal desde junio de 1994, cuando en medio de la peor crisis financiera en la historia venezolana y sucesivas olas de quiebras e intervenciones de bancos, el presidente Rafael Caldera implantó la emergencia.
Matos dijo que "luego que se afinen algunos elementos para el fortalecimiento del sector" desaparecerán la emergencia y la Junta, quedando la supervisión estatal en manos de la Superintendencia de Bancos y el Fondo de Garantía de Depósitos.
La Junta todavía debe concluir la intervención de unas 300 empresas relacionadas con los 17 bancos estatizados durante la crisis de 1994, cuando fueron a manos del Estado 60 por ciento de los activos de la banca comercial.
El financiamiento de esa crisis costó al Estado alrededor de 8.000 millones de dólares, equivalentes a 18 puntos del producto interno bruto.
Con el "afinamiento de detalles" que indicó Matos, el gobierno desecharía o redimensionaría el proyecto de un fondo de recuperación del sector bancario, inicialmente previsto de 1.100 millones de dólares y que se nutriría de financiamiento multilateral.
Ese fondo prestaría recursos a banqueros para que aceleren la recapitalización de sus institutos, pues gobierno y FMI coinciden en que el sector es pequeño: tiene un patrimonio de 1.300 millones de dólares, según la firma de consultoría Softline.
"Nuestros bancos no pueden armar un préstamo sindicado de 120 millones de dólares", deploró ante corresponsales extranjeros el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff.
El fondo además proveerá recursos para modernizar los sistemas de controles de la Superintendencia y el Fondo de Garantía de Depósitos, otra medida urgente para la salud del sector y en la que coinciden gobierno y FMI.
Según Ignacio Salvatierra, presidente de la asociación de bancos, el sector "tiene perspectivas francamente buenas, pues cumple con las normas patrimoniales del Convenio de Basilea", que fijan en ocho por ciento la relación entre patrimonio y activos de riesgo.
El total de activos de la banca comercial venezolana era en julio, según Softline, de 10.938 millones de dólares, con un patrimonio de 1.300 millones.
La banca se alejó esta década de su función de intermediación, lo que fue una de las causas de su crisis de 1994. En julio tenía una cartera de créditos de 3.000 millones de dólares y en cambio inversiones en valores por 4.698 millones, de los cuales 79 por ciento eran papeles estatales.
La recomendación del FMI para que se levante el control al sector por vía de emergencia es parte del programa de ajustes y liberación económica de abril, apoyado por el organismo con un crédito para reservas de 1.400 millones de dólares y su aval para financiamiento multilateral y del mercado de capitales.
El programa de ajustes, segundo en siete años y que desplomó la capacidad de consumo de los venezolanos, incluyó una quintuplicación de los precios de los combustibles, alza de impuestos, devaluación lineal de 70 por ciento y liberación del tipo de cambio, de precios, tarifas y de las tasas de interés. (FIN/IPS/hm/jc/if/96
