La justicia interamericana "dio un paso adelante y dos atrás" al sentenciar que Venezuela deberá pagar 722.332 dólares a familiares y sobrevivientes de la matanza de 14 pescadores en 1988, postuló hoy la organización no gubernamental Provea, representante de las víctimas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el viernes una nueva sentencia sobre la Masacre de El Amparo, estipulando las reparaciones materiales que debe pagar el Estado venezolano, en términos que dejaron insatisfecha a Provea.
Como Masacre de El Amparo se conoce el ataque que un comando de 19 militares y policías hizo a 16 pescadores que el 29 de octubre de 1988 preparaban una sopa cerca del pueblito El Amparo, a orillas del río Arauca, que marca parte de la frontera con Colombia, 700 kilómetros al sudoeste de Caracas.
Los 14 pescadores perecieron emboscados y ametrallados. Varios fueron rematados con disparos en la nuca, según exámenes forenses.
El Ejército presentó el hecho como "enfrentamiento con guerrilleros colombianos", pero dos pescadores, Wilmer Pinilla y José Arias, sobrevivieron y contaron otra historia.
Esa masacre, emblemática de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, peregrinó entre la justicia militar y la civil con distintas y contradictorias sentencias, la última de las cuales fue la absolución de los policías y militares por un tribunal castrense en 1995.
La Corte Interamericana conoce del caso desde 1994, y ante ella el Estado venezolano cesó de desmentir la versión de los sobrevivientes y las organizaciones humanitarias, y reconoció internacionalmente su responsabilidad en los hechos.
En su decisión del viernes, la Corte establece que Venezuela debe "proseguir las investigaciones de los hechos a que se refiere este caso y sancionar a quienes resulten responsables".
La Corte Suprema de Justicia de Venezuela todavía debe pronunciarse como tribunal de alzada sobre la absolución a los comandos que dictó el tribunal militar ad hoc en 1995.
Para Ligia Bolívar, directora de Provea, esa decisión de la Corte Inrteramericana es "un claro mensaje en el sentido de que la impunidad no se puede dar por superada simplemente porque se haya acordado el pago de indemnizaciones a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes de la masacre".
También es positivo, según Provea, que la Corte Interamericana desechara el argumento del gobierno venezolano, según el cual el reconocimiento de responsabilidad internacional sobre los hechos es suficiente reparación del daño moral.
El tribunal interamericano estableció que por ese concepto el Estado venezolano debe pagar 20.000 dólares a cada familia de los pescadores asesinados y a cada sobreviviente. La petición inicial de Provea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era de 125.000 dólares para cada familia.
Según Bolívar, los logros de la sentencia son opacados por otros aspectos, como la indemnización que deberán recibir familiares de las víctimas por concepto de lucro cesante y que la Corte fijó entre 23.000 y 28.000 dólares por fallecido.
"Ese monto está muy por debajo de los montos otorgados en otros casos conocidos por la Corte", dijo Bolívar.
Pero para Provea "el aspecto más grave es que la Corte evitó pronunciarse sobre la incompatibilidad del artículo 54 del Código de Justicia Militar con la Convención Americana de Derechos Humanos".
Ese artículo autoriza al Presidente de la República para ordenar la no apertura de una investigación o el cierre de la misma, en casos que cursen ante la Justicia Militar, y Provea demanda su nulidad por considerarlo una "espada de Damocles" sobre el Poder Judicial en materia de derechos humanos. (FIN/IPS/hm/ag/hd/96
