Funcionarios tailandeses y políticos oficialistas afrontan casi semanalmente acusaciones de corrupción por parte de la prensa y partidos opositores, las cuales amenazan con torpedear la estabilidad de la actual coalición gobernante.
A fines de este mes, el primer ministro Banharn Silpa-archa deberá hacer frente a una moción parlamentaria de censura, en la cual tanto él como su administración son acusados de ser ineficaces y corruptos.
Sin embargo, mientras los políticos pretenden jugar limpio con la prensa, la reacción hostil de la policía a cargos de corrupción en la fuerza, hará que los críticos piensen dos veces antes de expresar cualquier condenación contra agentes de seguridad, si bien la mayoría del público cree que las denuncias son justificadas.
Sangsit Siriyarangsan, un conocido docente de economía de la Universidad Chulalongkorn de Bangkok, enfureció el mes pasado a oficiales de policía en Bangkok, tras publicar un estudio sobre el juego ilegal en la capital tailandesa.
En su documento, titulado "La Política Económica de los Casinos", Sangsit dijo que las comisarías policiales en la ciudad reciben entre 24 y 36 millones de dólares anuales de operadores de casinos para que cierren un ojo a sus actividades.
El juego no está penado por la ley en Tailandia pero igual que la industria del sexo, que tambien es ilegal, es flagrante en todo el país. Las redadas policiales en sus establecimientos son parte del intento gubernamental de mejorar su imagen y se producen por la intensa presión del público.
Millones de dólares en apuestas circulan especialmente cuando se ocurren grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de fútbol, los Juegos Olímpicos y campeonatos domésticos o internacionales de pugilato.
El público está bien al tanto de esas actividades y eso se evidenció en un sondeo realizado por el canal independiente de televisión (ITV). El 90 por ciento de los interrogados dijo que existían elementos válidos para creer en las conclusiones del estudio de Sangsit.
"Eso no es así", afirmaron los jefes policales de Bangkok, 31 de los cuales amenazaron con querellar judicialmente al economista por difamación.
"No entiendo cómo obtuvo (Sangsit) semejante información. Suena como si yo alimentara a mi familia con el dinero del juego, lo cual es inexacto", declaró un enojado Banjop Sudal, jefe de una céntrica comisaría de Bangkok.
Pese a que los funcionarios policiales desistieron de presentar demandas contra Sangsit, tras la intervención del primer ministro Banharn Silpa-Archa, el debate sobre la corrupción en la sociedad tailandesa y la libertad acádemica, lejos de cesar, se agudizó.
Una carta a Banharn escrita por un grupo de policías contrarios a Sangsit, fue considerada una intimidación para que otros investigadores se abstengan de profundizar temas controvertidos.
El año pasado, Sangsit provocó otra tormenta política al afirmar en un libro que la corrupción era patente entre políticos, policías y funcionarios militares tailandeses.
El libro, titulado "Corrupción y Democracia en Tailandia", que observó el fenómeno de la prevaricación entre empleados públicos a través de décadas de gobiernos militares, afirmó que la mayor parte de los sobornos emanaron de contratos oficiales y en calidad de pago de aquellos involucrados en negocios ilícitos.
Muchos académicos sostienen que Tailandia se ha convertido en sede de una serie de actividades criminales por valor de miles de millones de dólares por año. Según un estudio reciente, más de 100.000 millones de dólares son "lavados" anualmente en el país por traficantes de drogas y armas, así como proxenetas y contrabandistas de petróleo.
En 1995, el Departamento de Estado clasificó a Tailandia como una nación prioritaria en el lavado de dinero ilícito, y la amonestó por no adoptar medidas y aplicar leyes más severas.
Tailandia tampoco ratificó la convención de la ONU de 1988 contra el reciclaje de dinero "sucio", que fue firmada por más de 100 países de todo el mundo.
Mientras una nueva ley para frenar el lavado de dinero está siendo estudiada por el gobierno, fuentes parlamentarias juzgaron posible que su aprobación se demore considerablemente debido a las diferencias de opinión sobre el alcance de la medida.
"La situación no va cambiar a menos que tengamos mecanismos apropiados que obliguen a actuar a los que tienen el poder", declaró Pasuk Phongpaichit, un politólogo que colaboró con la redacción del libro de Sangsit.
Las acusaciones son ahora responsabilidad de agencias como la Comisión Contra la Corrupción y la oficina del auditor general. Ambos organismos tienen poderes limitados y no pueden investigar a políticos electos que gozan de inmunidad constitucional.
A pesar de que se han producido diversos intentos para hacer que el gobierno ponga en funciones un panel investigador con poderes judiciales y disciplinarios, estos fracasaron debido a la falta de suficiente apoyo político.
No obstante, existen señales que la corrupción se está convirtiendo en un importante tema político en Tailandia, gracias a las agresivas informaciones de los medios en los últimos años.
La administración de Banharn sigue afrontando un futuro incierto debido a la moción de censura presentada por la oposición, que será debatida en el parlamento entre el 18 y 19 de septiembre.
"Aprobar más leyes contra la corrupción es solo una parte de la historia. Lo que realmente se requiere es voluntad política para cambiar el funcionamiento del sistema y adecuada presión para segurar que esa voluntad existe", dijo Pasuk. (FIN/IPS/tra- en/tg/cpg/ego/ip).
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