La principal corte judicial de India impuso severos castigos a industrias que perjudican al ambiente, mientras los empresarios reclaman asesoramiento y acciones de gobierno para evitar la contaminación.
De acuerdo con las sentencias de la Corte Suprema, que tienen fuerza de ley, las fábricas que contaminan no solo están obligadas a compensar a las personas afectadas sino también a reparar los daños que provocaron al ambiente.
Además, el fallo judicial estableció severos castigos a aquellas empresas que no previenen la contaminación en sus estrategias comerciales.
Para los ambientalistas, estas medidas judiciales llegan con retraso, si bien abaten la carencia de leyes "verdes" que obliguen a la industria a darse cuenta de que la preocupación por el ambiente debe ser parte integral de sus cálculos.
De todos modos, la industria india, bombardeada en los últimos años por duras sentencias judiciales en torno a la contaminación, afirma que no se le está dando una oportunidad para modificar sus prácticas.
Representantes del sector establecieron que las leyes por sí solas no constituyen una respuesta. También se requiere una estrategia global para alentar a las empresas a adoptar tecnologías más limpias, aseguraron.
"Sí, es importante cumplir con la ley, pero es más importante mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos para reducir la contaminación", dijo K. P. Nyati, dirigente de la poderosa Confederación de la Industria India (CII).
La dura orden judicial respondió a la acusación de un grupo de ciudadanos contra curtidurías de cuero que arrojaban sustancias tóxicas en el meridional estado de Tamil Nadu. La Corte Suprema resolvió a fines del mes pasado que la carga de la prueba en casos de contaminación correspondía a la empresa acusada.
Según la sentencia, el propietario de la compañía será castigado por los perjuicios que cause su actividad, aunque tome todas las medidas razonables y posibles.
"Los jueces dieron varios pasos adelante e introdujeron estrictos principios sobre los cuales los legisladores se muestran reticentes a legislar", sostuvo, en un editorial, el periódico comercial Business Standard.
"La interpretación de los jueces puso al día las leyes ambientales, de acuerdo con el pensamiento internacional", agregó la publicación.
Entre los industriales, mientras tanto, cunde el resentimiento. Para ellos, el gobierno también es responsable, pues ha estado omiso en el diseño de un plan en la materia. La mayoría de los institutos de investigación son estatales, recordaron.
"Creemos que no se pueden establecer respuestas específicas a los problemas ambientales y que todas las industrias deben dar prioridad a las estrategias de prevención. Intentamos que cada uno de los pasos de producción sea más eficiente en el aprovechamiento de los recursos", se defendió Nyati.
En ese sentido, el dirigente mencionó a la principal fábrica de aluminio del este del país, que ahorró casi medio millón de dólares al año cuando comenzó a utilizar más juiciosamente sus insumos.
La CII, que representa a más de 3.000 compañías, también alienta a sus afiliadas a obtener certificados internacionales de eficiencia.
Unas 1.300 empresas indias conquistaron los certificados ISO 9.000. Otras ocho lograron el título ISO 14.001, y la CII sostiene que otras 22 están a punto de obtenerlo.
El certificado ISO 14.001 solo se otorga a compañías que van más allá del cumplimiento de las leyes nacionales sobre ambiente, e incluye el requisito de suministrar a las poblaciones vecinas a las fábricas información detallada sobre los posibles riesgos.
Las industrias de pequeña escala se cuentan entre las más contaminantes de India, aunque los expertos comprobaron que cambios de poca entidad en los procesos de producción son, con frecuencia, suficientes para evitar daños al ambiente.
Nyati reclamó al gobierno asesoramiento en materia ambiental a las empresas pequeñas. El dirigente afirmó que estas compañías no cuentan con expertos. El único consejo que reciben procede de quienes les venden maquinarias, cuyo único interés es sacarse de encima sus anticuadas mercancías, dijo.
La Corte Suprema ordenó hace pocos meses el traslado fuera de Nueva Delhi de más de 800 fábricas. Las empresas castigadas afirmaron que esta decisión solamente ubicará el problema a otro lugar y que no se les prestó ayuda ni a ellos ni al ambiente.
"La mudanza no será una solución. Dondequiera que vayamos, no nos aceptarán. Debemos acabar con el problema desde la raíz. Pedimos asesoramiento y una oportunidad de mejorar", manifestó J. R. Jindal, presidente de la Federación de Propietarios de Fábricas de Delhi.
Una gran cantidad de las 137.000 fábricas en la capital de India son de pequeña escala. La Corte Suprema ordenó que, agrupadas, establezcan plantas de tratamientos de efluentes en cada una de las zonas donde estén instaladas.
Pero los propietarios afirman que no pueden afrontar el costo de esas plantas, estimado en 2,2 millones de dólares cada una, aunque la mitad de esa suma sea un aporte del gobierno. (FIN/IPS/tra-en/mu/an/mj/en/96
