La historia de Chile pudo cambiar con el atentado contra el general Augusto Pinochet, del que se cumplen este sábado 10 años, pero el entonces dictador escapó ileso de la emboscada de exterminio del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
A las 18.30 del sábado 7 de septiembre de 1986, el FPMR culminó en una carretera de los alrededores de Santiago un plan largamente preparado con el ataque a Pinochet y su comitiva, dando muerte a cinco de sus escoltas e hiriendo a otros 11.
El dictador estuvo cuatro minutos bajo el fuego cruzado de los insurgentes que incluso lanzaron un cohete contra el automóvil, que no logró penetrar el blindaje porque fue disparado desde muy cerca, sin el necesario ángulo de tiro.
Pinochet escapó de la emboscada en la cuesta Las Achupallas de la carretera al Cajón del Maipo, gracias a su chofer y a su nieto, Rodrigo, de nueve años, que corrió las cortinas interiores del coche posibilitando la maniobra de retroceso del conductor.
La "Operación Siglo XX" del FPMR había fracasado en su objetivo y sobrevino un endurecimiento represivo de la dictadura, que sólo aminoró en vísperas del plebiscito presidencial de octubre de 1988, en que Pinochet fue candidato único.
La represalia tras el atentado fue inmediata y sangrienta y entre la noche del 7 y la madrugada del 8 fueron secuestrados y asesinados el periodista José Carrasco y otros tres militantes de izquierda por un autodenominado "Comando 11 de Septiembre".
En septiembre de 1986 el país vivió bajo un virtual terror, mientras en el seno de la dictadura surgían variadas hipótesis sobre el origen del atentado, que incluso apuntaban a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.
Cuando el FPMR reivindicó la acción puso de manifiesto que pese a haber fallado en su intento de matar a Pinochet, había demostrado que ni el dictador ni su aparato de seguridad eran infalibles.
Pero a la postre, el fracaso de la emboscada marcaría el inicio de la crisis del FPMR y consolidaría la estrategia de la llamada oposición democrática, que aceptó el calendario político establecido por la Constitución de 1980.
Así, la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988 puso en marcha el plan que llevó a la presidencia en marzo de 1990 a Patricio Aylwin y que determina la continuidad del ex dictador en la comandancia del Ejército hasta marzo de 1998.
Otra podría haber sido la historia si el FPMR hubiera tenido éxito en la "Operación Siglo XX", pero muy pocos especulan ya sobre los efectos concretos que la muerte del dictador habría tenido en los plazos y en el contenido del proceso político chileno.
No obstante, 10 años después el atentado sigue generando reacciones que alimentan la polémica en torno a las demandas de justicia por violaciones de derechos humanos y la reivindicación de la llamada lucha contra el terrorismo.
Pinochet reactivó esta semana las heridas dejadas por este episodio al impugnar los indultos que el ex presidente Aylwin (1990-94) concedió a tres de los fusileros del FPMR en la emboscada condenados a presidio perpetuo.
El ex mandatario refutó enérgicamente al jefe militar, recordándole que a los insurgentes indultados en su gobierno se les conmutaron generalmente las penas por 20 años de extrañamiento, es decir de exilio forzado.
Aylwin advirtió que los indultados sufrieron torturas y muchos estuvieron en prisión hasta ocho años y subrayó que en cambio los autores de la mayoría de los 3.000 crímenes contra los derechos humanos bajo la dictadura permanecen en la impunidad.
Pinochet, quien sostiene que los "autores intelectuales" del atentado no fueron jamás detenidos, fue conminado por el gobierno del presidente Eduardo Frei y dirigentes políticos a entregar a la justicia los antecedentes que dice poseer al respecto.
Lo cierto es que la justicia militar, encabezada por el entonces coronel y ahora general Fernando Torres, fue implacable en la persecución del FPMR tras el atentado, capturando a la mayoría de sus protagonistas directos y colaboradores.
Además de los tres frentistas a que Aylwin les conmutó el presidio perpetuo por 20 años de extrañamiento en Bélgica, hubo otros tres asesinados por la Central Nacional de Informaciones (CNI) en junio de 1987 en la llamada "Operación Albania".
Otros cinco se fugaron de la Cárcel Pública el 29 de enero de 1990, en las postrimerías de la dictadura, mientras cuatro colaboradores y cuatro miembros del equipo médico del FPMR fueron liberados en 1991, cuando sus procesos pasaron de la justicia militar a la civil.
La impunidad, en cambio, sigue protegiendo al comando paramilitar que asesinó al periodista Carrasco y al profesor Gastón Vidaurrázaga, ambos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y a dos militantes del Partido Comunista: el publicista Abraham Muskatblit y el electricista Felipe Rivera.
Los cuatro fueron sacados de sus hogares y trasladados en vehículos que se desplazaron sin problemas por las calles de Santiago, pese al riguroso estado de sitio que la dictadura implantó tras el atentado contra Pinochet.
Carrasco fue acribillado en las cercanías de un cementerio y en su cadáver se constataron 13 impactos de bala. Igual suerte corrieron Vidaurrázaga, Muskatblit y Rivera a manos del "Comando 11 de Septiembre".
El supuesto comando habría sido una fachada de la CNI, y así tendió a demostrarlo el encausamiento hace alguños años de Jorge Vargas Bories, agente de ese cuerpo represivo de la dictadura disuelto en febrero de 1990.
Sin embargo, en 1991 fue revocado el auto de procesamiento de Vargas y el juez Aquiles Rojas, a cargo del caso, dictó una prohibición de informar sobre el proceso, que aún sigue vigente pese a las reiteradas protestas del Colegio de Periodistas. (FIN/IPS/ggr/jc/hd-ip/96
