/REPETICION/ BOLIVIA: Campesinos buscan su tierra en la ciudad

Nadie los esperaba aún, pero de pronto unos 2.500 campesinos bolivianos que reclaman tierras aparecieron abriéndose camino en el asfalto de La Paz, pusieron en apuros a una sorprendida policía y anunciaron que detrás de ellos vienen otros 17.500.

Las calles de La Paz cambiaron de apariencia, para mostrar ahora un rostro multicolor, no sólo por las ropas coloridas de los campesinos, sino por su origen multiétnico: unos son quechuas y aymaras, otros chimanes o ex mineros.

"Estamos caminando desde los primeros días de septiembre y aquí estamos, con ampollas en los pies y todo tipo de enfermedades. No nos quejamos porque como campesinos estamos acostumbrados a sufrir, somos capos", dijo a IPS Desiderio Quispe, un campesino del norte de Potosí.

Como él, muchos otros campesinos dejaron en sus comunidades a sus esposas e hijos, aunque de otras también llegaron mujeres con sus niños en brazos.

Entre el lunes y este miércoles arribaron a La Paz unos 2.500 campesinos tras largas marchas iniciadas hace cuatro semanas y para este jueves se espera el arribo de 17.500 más, que se acercan por distintos puntos pero con un mismo clamor: una ley de tierras que no afecte a sus intereses.

La Central Obrera Departamental de La Paz se solidarizó con el "sacrificio de los hermanos campesinos" y declaró paro general de actividades este jueves en la ciudad sede de gobierno, para dar la bienvenida al grupo más grande de marchistas y acompañarlos en sus movilizaciones de protesta.

La Universidad estatal de San Andrés les abrió sus puertas, y algunas aulas se han convertido ahora en dormitorios comunitarios donde los campesinos pasan la noche.

El motivo de las varias marchas campesinas a La Paz es el proyecto de Ley de modificación al Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA), que debe atender las demandas de indígenas y empresarios.

Los campesinos llevan la peor parte en esta negociación, ya que los indígenas originarios -que marchaban desde Santa Cruz, 900 kilómetros al este de La Paz- lograron que el gobierno les entregue títulos sobre sus territorios y detuvieron su caminata.

Los empresarios, por su parte, mantienen conversaciones con el gobierno y sólo les resta llegar a un acuerdo sobre temas muy puntuales, como los impuestos a pagar por posesión de tierras.

Pero los campesinos la tienen más difícil: rechazan cualquier forma de reversión de tierras al Estado por causales como el desuso o un uso dañino el medio ambiente, como establece el actual proyecto de la ley INRA.

Esa ley es otra de las grandes reformas que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada quiere aprobar antes de terminar su gestión en agosto de 1997. Con ella pretende corregir los defectos y carencias de la reforma agraria de 1953, una de las primeras del continente.

Con esa reforma, los campesinos recibieron pequeñas porciones de tierra convertidas más tarde en minifundios improductivos y dañinos para la propia tierra, pero nunca tuvieron asistencia técnica ni infraestructura para hacer trabajar sus parcelas.

Más de cuatro décadas después, el proyecto de la ley INRA propone una redistribución productiva de tierras, con una regulación estricta que dispone, por ejemplo, la reversión de tierras al Estado cuando no se trabaje en éstas durante dos años o cuando no se pague impuestos por ese mismo tiempo.

Esas causales y el marco institucional que establece la creación de una Superintendencia Agraria con poder político son rechazados por los campesinos.

"Nuestra marcha tiene el único interés de defender los derechos de la tierra y el territorio. Y no vamos a aceptar una ley INRA que sólo tiene consenso con indígenas y empresarios, porque a nosotros no nos beneficia", afirmó el dirigente campesino David Herrera.

La Iglesia Católica hizo un llamado al gobierno para escuchar las demandas de los marchistas y dar solución a sus pedidos.

"Como Iglesia, estamos pidiendo que se acceda al pedido de los campesinos y que se sienten en una misma mesa del diálogo gobierno y campesinos", dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Sergio Gualberti. (FIN/IPS/jcr/dg/ip-pr/96

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