El caso de Nicolás Gutiérrez, autor confeso de la violación y asesinato de 11 niñas de entre seis y nueve años de edad, generó en Perú un debate legal y ético sobre los derechos humanos de los delicuentes.
El tema de la violencia sexual contra los niños fue objeto de una conferencia internacional en Estocolmo y el reciente descubrimiento del crimen de varias niñas violadas en Bruselas sensibilizó a la opinión pública mundial
En Perú ocurren tres violaciones cada hora (69 diarias, 2.083 mensuales y 25.000 al año), de las cuales 92 por ciento se cometen contra menores de edad en el caso de mujeres y 76 por ciento en el caso de varones, según indica el centro de estudios Demus en base a cifras judiciales.
El día 2, Gutiérrez, de 25 años, drogadicto y desocupado habitual, que jamás tuvo pareja normal, fue sorprendido por un transeúnte cuando intentaba violar a una niña de ocho años en Parcona, un suburbio rural de Ica, ciudad situada a 200 kilómetros al sur de Lima.
Gutiérrez se declaró autor del asesinato de cuatro niñas cuyos cadáveres fueron encontrados con sus desgarrados uniformes escolares al lado, y de otras siete menores en dos barriadas situadas al sur de Lima.
Según sus confesiones, que repitió dos veces ante las cámaras de televisión, experimenta una irresistible atracción por las niñas ("siento como una corriente interna que no puedo controlar con mi voluntad"), a las que acecha durante varios días, las aborda con engaños y las conduce a lugares solitarios.
"Las mataba porque cuando lloraban me desesperaban terriblemente", dijo y añadió que en casi todos los casos violó también sus cadaveres hasta que el proceso de descomposición de sus cuerpos lo inducía a enterrarlas.
Sólo ha admitido los episodios cometidos en los últimos meses, que concluyeron en el estrangulamiento de sus víctimas, pero se presume que antes violó otras pequeñas sin asesinarlas.
Según encuestas efectuadas despues de ocurrido el incidente, 80 por ciento de la población demanda la pena de muerte para los violadores de niños, 17 por ciento se inclina por la novedosa "castración quimica" (inhibición del impulso sexual mediante inyección de hormonas) y el resto la cadena perpetua.
Las autoridades políticas y dirigentes de partidos opositores no demuestran una posición homogénea al respecto, y han surgido iniciativas parlamentarias de reforma legislativa para poder aplicar la pena de muerte, la castración química o la cadena perpetua a los violadores de niños menores de siete años.
La jerarquía católica y las organizaciones civiles que trabajan en defensa de los derechos humanos, por principio opuestas a la pena de muerte y a la castración química, tampoco tienen posturas uniformes, pues algunos de sus miembros admiten la cadena perpetua y otros no.
La Constitución vigente sólo admite la pena de muerte para el delito de traición a la patria cometido en circunstancias de guerra con un enemigo externo, sanción que no puede extenderse a otros delitos en virtud del Tratado de San José contra la pena de muerte, suscrito por Perú.
La violación de menores es sancionada en base a la edad de las víctimas: de 20 a 25 años de prisión cuando los afectados son menores de siete años, de 15 a 20 años cuando son niños de siete a 10 años y de 10 a 15 años de cárcel cuando la edad de los violados oscila entre 10 y 14 años.
En la práctica, los sentenciados cumplen generalmente un tercio de la condena nominal, pues se computan los llamados años judiciales de nueve meses y se puede redimir la mitad de la condena por presunta buena conducta en prisión.
En consecuencia, en el caso más grave, el cometido contra un niño menor de siete años, el delincuente puede estar en libertad al cabo de siete años, lo que explica en cierta medida el alto nivel de reincidencia existente .
Tendencias de la psiquiatría moderna consideran que la pedofilia (sexo con niños) tiene causas neuroquímicas y no es tratable con terapias psicoanalíticas ni procesos educativos.
"Ese es el problema medular. Si es un enfermo, podría ser considerado tecnicamente inimputable, y un defensor más o menos hábil puede evitar la cárcel para su patrocinado, y conseguir que sea recluido en un manicomio, en donde podría quedar para siempre, o salir muy pronto", expresa el abogado Abel Linares.
A diferencia de su colega Mary Vargas, de la Demus, Linares admite la posibilidad de la cadena perpetua para los violadores de infantes, pero coincide con ella en su oposición a la pena de muerte o la llamada castración química .
Vargas afirma que "el incremento de la drasticidad de las penas no disminuye la incidencia del delito, y por el contrario, aumenta el riesgo del homicidio de la víctima, para que no identifique al autor".
La trabajadora social Carmen Pimentel, autora del libro "La familia y sus problemas en los sectores urbano pobres"', rechaza la castración, aunque fuera química, por inhumana. Tampoco admite la pena de muerte. "Tal vez la cadena perpetua, pero en condiciones dignas, para rehabilitar al delicuente".
Pimentel trabaja en la barriada Villa El Salvador y opina que la pedofilia y la violación "son generadas por la pobreza, la frustración y la violencia social existentes en Perú, y deben combatirse con educación ética y promoción de una cultura de amor y solidaridad humana".
La socióloga Imelda Vega, autora del libro sobre sexualidad juvenil "Amor y sexo en tiempos del sida", rechaza la pena de muerte, considera impracticable "por costosa para Perú" la aplicación de hormonas inhibdoras del impulso sexual y admite la cadena perpetua "en los casos extremos".
La parlamentaria Beatriz Merino, presidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso, se dice de acuerdo con la pena de muerte, "o por lo menos con el tratamiento hormonal que están llamando castración química, porque es necesario eliminar estos execrables delitos". (FIN/IPS/al/dg/pr-hd/96
