Protestas estudiantiles y una avalancha de críticas contra la permanencia de bases de Estados Unidos en el canal de Panamá, complicaron las proyectadas negociaciones entre ambos gobiernos para un nuevo tratado militar.
Las protestas, iniciadas el sábado pasado frente a la embajada de Estados Unidos, recrudecieron el miércoles cuando un centenar de estudiantes cerraron las calles adyacentes a la Universidad de Panamá en rechazo a la presencia militar de Washington.
En septiembre de 1995 el presidente estadounidense Bill Clinton pidió al mandatario panameño Ernesto Pérez Balladares iniciar "conversaciones exploratorias" para mantener algunas de sus bases militares en Panamá cuando proscriban los tratados canaleros el 31 de diciembre de 1999.
Pese a que no se ha entablado una negociación formal entre Washington y Panamá, voceros del Departamento de Defensa de Estados Unidos indicaron recientemente que ya existen acuerdos informales para mantener 4.600 soldados en tres de las seis actuales bases canaleras luego de 1999.
Esa sugerencia, junto con una resolución adoptada la semana pasada en el senado de Estados Unidos donde se exhorta a Clinton a entablar de inmediato las negociaciones, calentó el ambiente político en Panamá.
También existe una propuesta de Pérez Balladares para que se instale un centro multinacional hemisférico para el control del tráfico de drogas en una de las bases canaleras, el cual sería administrado por civiles y militares estadounidenses.
Voceros de la Iglesia, el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), fuerzas políticas de oposición y el ex comandante de la desaparecida Guardia Nacional de Panamá, general Rúben Darío Paredes, rechazaron ambas posibilidades.
Paredes, antecesor del depuesto general Manuel Noriega en la jefatura del antiguo ejército panameño desarticulado por la la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989, advirtió que podría haber "un derramamiento de sangre entre hermanos" si se consuma la permanencia de Washington en el canal.
Asimismo, cuestionó la propuesta de establecer un centro regional para el control de drogas, a la que calificó como "una cortina de humo y un embuste piadoso del presidente para encubrir la verdadera intención de entregar esas instalaciones a Estados Unidos" si fracasan las negociaciones pedidas por Clinton.
El diputado del PRD Oyden Ortega, actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento, afirmó que los tratados deben cumplirse tal cual lo establecido entre ambos en septiembre de 1977.
Según dichos tratados, Estados Unidos debe cesar su presencia en el canal y traspasar las bases y la administración de la vía interoceánica a la jurisdicción panameña el 31 de diciembre de 1999.
"Mi resolución es que no se renegocien las bases", subrayó Ortega.
En tanto, el ex vicario pastoral de la Iglesia Católica Fernando Guardia indicó que Panamá "debe mantener su ideal de un canal sin bases" militares.
Tras señalar que la salida de Estados Unidos del canal "va a afirmar lo que es ser panameño", el sacerdote subrayó que el Panamá "debe aspirar a un canal para la paz, sin bases militares en absoluto, porque eso no le conviene".
El diputado del opositor Partido Arnulfista Leopoldo Benedetti exhortó a los partidarios de renegociar la permanencia de las bases a que "rompan el cordon umbilical y contribuyan a crear un estado independiente y sin la tutela de Estados Unidos".
No obstante, Pedro Vallarino, presidente del derechista Movimiento de Renovación Nacional (Morena), le pidió a Pérez Balladares que negocie con Estados Unidos un tratado de uso conjunto de las bases por un periodo de 10 años.
Según Vallarino, la contracción actual de la economía "no brinda las condiciones apropiadas para administrar todos los bienes revertidos y por revertir" en función de los tratados canaleros.
Morena, así como un grupo de empresarios que abastecen a las actuales bases estadounidenses, aducen que con la salida de las tropas extranjeras Panamá va a perder ingresos estimados en 400 millones de dólares, así como unos 6.500 puestos de trabajo para los nacionales.
En medio de la polémica que se desató en los últimos días, el canciller panameño Ricardo Alberto Arias admitió que tal como están las cosas "las posibilidades reales de éxito de una potencial negociación hoy día no son muy grandes".
Además de la oposición interna, Arias señaló que por ahora Estados Unidos tampoco está dispuesto a pagarle a Panamá una adecuada compensación económica por mantener sus bases en las riberas del canal. (FIN/IPS/sh/ag/ip/96
