El gobierno de México y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se entrampan en una lógica de guerra, mientras se multiplican las denuncias de hostigamiento a líderes sociales y se preparan protestas contra la militarización.
A 11 semanas de la aparición del EPR en el sureño estado de Guerrero, unas 18 personas han muerto y más de 20 han sido detenidas. A la cadena de hechos violentos se sumó este lunes un nuevo enfrentamiento en una zona rural de Guerrero, que dejó como saldo un guerrillero muerto y dos soldados heridos.
El grupo sostuvo en su tercera conferencia de prensa realizada el pasado fin de semana en las sierras del estado de Oaxaca, que sus acciones son de autodefensa y aclaró que no pretende sustituir a "la lucha política de masas".
Sus comandantes declararon que el grupo, cuya presencia no ha impactado en los mercados financieros, se mantendrá vigente o cambiará de estrategia "en la medida que el pueblo vaya abriendo espacios de participación política para el cambio social".
Ante un posible diálogo de paz, reclamado por algunos líderes opositores para evitar una escalada de mayor violencia, el EPR dijo que no negociará con sordos que asesinan a diario, mientras el gobierno del presidente Ernesto Zedillo sostuvo que no lo hará con terroristas que no tienen nada de guerrilleros.
Según el gobierno, el EPR nace del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, grupo clandestino fundado en los años 60 responsable de más de 60 "atentados terroristas".
"El Ejército no debe servir como represor, estoy en desacuerdo con el presidente Zedillo de echarle toda la fuerza del Estado al EPR, se debe echar la fuerza del diálogo, de la razón para convencerlos", dijo el senador Heberto Castillo, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Rosario Ibarra, presidenta del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, exhortó a los grupos humanitarios a que redoblen esfuerzos para "detener las arbitrariedades" contra líderes sociales, generadas a raíz de la aparición del EPR.
"En México sigue la impunidad y la persecución, la tortura y la cárcel, la sociedad tiene que esforzarse para detener esta violencia", dijo Ibarra a IPS.
Oscar Banda, del Centro de Derechos Humanos para el Desarrollo Integral, denunció detenciones arbitrarias, con el pretexto de perseguir al EPR, contra personas vinculadas al llamado Frente para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional, grupo que simpatiza con la guerrilla zapatista del estado de Chiapas.
El gobierno rechazó las acusaciones, dijo que está actuando bajo estricto apego a la ley y no existen evidencias de violaciones de los derechos humanos.
El PRD, fuerza que los últimos siete años perdió en hechos violentos no aclarados a más de 400 de sus miembros, denunció que varios de sus militantes han sido acusados y detenidos con el pretexto de ser dirigentes o simpatizantes del EPR.
El diputado Félix Salgado denunció este martes que supuestos policías intentaron detenerlo en un camino rural de Guerrero, acusándolo de guerrillero. Los agentes, que aparentemente no lo reconocieron, lo agredieron físicamente y "plantaron" un rifle a su lado señalando que era suyo.
"Si esto hacen conmigo, qué no harán con otra gente", dijo el dirigente del PRD.
Desde la aparición del EPR, varios dirigentes campesinos, de organizaciones no gubernamentales y grupos opositores vienen acusando al Ejército y a la policía de ejercer presiones y realizar detenciones injustificadas en su contra.
Unas 60 organizaciones del Frente para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional anunciaron que en los próximos días realizarán movilizaciones en 20 de los 32 estados del país, en reclamo de que cese la represión y se libere a quienes consideran presos políticos.
"Protestamos porque se realizan detenciones para perseguir a líderes sociales bajo el pretexto de que buscan a miembros del EPR y porque se ha militarizado al país sobre todo en zonas de alta marginación", indicó Maximino Cortés, portavoz del Frente.
El EPR reconoce que sólo dos de sus militantes han sido detenidos y sostiene que el gobierno, para ocultar su ineptitud frente al grupo, desata una persecución general que merece una respuesta armada de autodefensa. (FIN/IPS/dc/ag/ip/96
