El gobierno de México marcó distancia con el partido oficialista e intentó despejar dudas entre inversionistas y organismos internacionales al afirmar que "la política no retrasará más las privatizaciones".
En 1997 la administración del presidente Ernesto Zedillo acelerará la venta de empresas estatales en sectores como el petroquímico, los ferrocarriles y aeropuertos, porque son metas prioritarias, dijo este domingo el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz.
Los empresarios demandaron los últimos días claridad sobre planes privatizadores, luego que en asamblea nacional las bases del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidieron oponerse a la venta de las petroquímicas.
El embajador de Estados Unidos, James Jones, se pronunció también sobre el tema advirtiendo que frenar el proceso alejaría a los inversionistas, declaración que generó airados reclamos de la oposición.
Tras 21 meses de gestión, el gobierno de Zedillo sólo logró desprenderse de tres terminales portuarias. La mayoría de sus objetivos en esa materia se vieron frenados por problemas legales y la oposición de sindicatos y políticos.
Ortiz indicó que se continuará con las privatizaciones pese a la oposición del PRI y de otras fuerzas políticas como el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en una actitud inédita ofrecieron incluso concertar acciones de protesta.
"Nos alegra que el gobierno aclare el tema de las privatizaciones y siga con el proceso", declaró este lunes Carlos Abascal, presidente de la Confederación Patronal, mientras Manuel López, líder del PRD, lamentó el pronunciamiento oficial y dijo que su partido prepara movilizaciones.
"Los empresarios no podemos aceptar que problemas meramente ideológicos" impidan la venta de empresas como las petroquímicas, expresó Abascal.
Entre 1982 y 1994 México se ubicó en el primer lugar en América Latina en cuanto al número de empresas privatizadas al desprenderse de 945 de ellas, más de 80 por ciento de las existentes a principio de la década pasada.
Las nuevas privatizaciones en las que está empeñado el gobierno de Zedillo forman parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monterio Internacional, que el año pasado entregó junto a Washington préstamos a México para ayudarlo a salir de la crisis estallada a fines de 1994.
A partir de 1997 el gobierno "acelerará el proceso de privatización de empresas que había sido retrasado por cuestiones políticas", señaló el secretario de Hacienda en Washington en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se inició el día 25.
"No estamos en contra del presidente Zedillo, pero sí contra la privatización de las petroquímicas y haremos lo posible por evitarlas", dijo Santiago Oñate, presidente del PRI, partido mayoritario en el Congreso, donde deberá ventilarse la venta de las plantas.
El PRI, el PRD y el sindicalismo oficial e independiente cuestionan la venta de las petroquímicas, pertenecientes a la empresa estatal Pemex, por considerar que vulnera la soberanía y viola normas constitucionales según las cuales los recursos energéticos son patrimonio exclusivo del Estado.
"Se ve muy difícil la privatización de las petroquímicas si en el mismo PRI hay una oposición muy fuerte", opinó el columnista financiero del diario Reforma Enrique Quintana.
El gobierno calcula que podría vender las petroquímicas en unos 2.000 millones de dólares, cifra que la oposición considera ridícula frente a los más de 10.000 millones que asegura valen.
Las privatizaciones, que no habían tocado hasta ahora al sector energético, generaron entre 1982 y 1994 ingresos al Estado por más de 10.000 millones de dólares, 60 por ciento de los cuales tuvieron como destino el pago de la deuda externa, según reconocen las autoridades.
Paradójicamente, en ese mismo lapso, la deuda externa pública de México creció en cerca de 20.000 millones de dólares.
La mayor parte de los recursos obtenidos por las privatizaciones tuvieron como destino final pagar la deuda, contradiciendo los principios que inspiraron el proceso, como atender demandas sociales, apuntó Jacques Rogozinski, ex responsable de la Unidad de Desincorporación de Empresas Estatales.
El nuevo proceso de privatización en el que está empeñado el gobierno de Zedillo, pese a la oposición de su propio partido, generará unos 12.000 millones de dólares, monto que será dirigido nuevamente a financiar principalmente el pago de deudas, indican analistas. (FIN/IPS/dc/dg/if-ip/96)
