El gobierno de Chile despejó el último obstáculo para la integración con el Mercosur a partir del 1 de octubre, al conseguir que el Senado aprobara por amplia mayoría el respectivo tratado de asociación.
Con la votación realizada este martes en la sede del Senado en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, culminó la larga marcha iniciada hace dos años en Buenos Aires, cuando los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay invitaron a Chile a sumarse al bloque.
Los compromisos del gobierno del presidente Eduardo Frei, de inversiones millonarias en beneficio de la agricultura y de rebajar unilateralmente los aranceles a partir de 1997, fueron determinantes para ganar el apoyo de la oposición en el Senado.
La votación en la cámara alta fue de 36 votos a favor del tratado, con sólo tres en contra y una abstención, gracias a que la derecha y los senadores designados, que conforman un bloque mayoritario, consideraron satisfechos sus condicionamientos.
Frei, quien realiza una gira por la austral región de Magallanes, 3.000 kilómetros al sur de Santiago, celebró en la noche del martes la ratificación del acuerdo con el Mercosur, ya aprobado el 13 de agosto también holgadamente en la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo.
"Nos estamos integrando al mundo. Nuestros productos no van a ser para un mercado (chileno) de 14 millones, sino que podemos mirar a un mercado de 200 o 300 millones de personas", dijo el presidente en la ciudad de Punta Arenas.
"El Mercosur es muy importante para Chile, para nuestra inserción internacional. Hoy hay más de un millón de puestos de trabajo que dependen de nuestra asociación a este acuerdo", subrayó Frei.
El tratado que entrará en vigencia dentro de 20 días fue firmado el 25 de junio en la ciudad argentina de San Luis por el presidente chileno y sus homólogos Carlos Menem (Argentina), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) y Julio Sanguinetti (Uruguay).
La suscripción del documento, prevista inicialmente para fines de 1995, sufrió sucesivas postergaciones en medio de complejos debates arancelarios que tuvieron como eje el tema de la liberación del comercio agrícola.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) que representa en Chile a los tradicionales productores ganaderos y de granos, bregó hasta el final en busca de resguardos ante la futura competencia de sus similares de los países del Mercosur.
Las demandas de la SNA fueron acogidas por la derecha, que exigió al gobierno un sustancial apoyo para el sector agrícola, pese a que éste contará con plazos arancelarios de 15 a 18 años para reconvertirse o mejorar su capacidad competitiva.
Al mediodía del martes, el ministro de Agricultura, Emiliano Ortega, hizo el anuncio que a la postre sería fundamental para conquistar el respaldo de los senadores designados y de los dos grandes partidos de derecha.
El gobierno, dijo Ortega, invertirá en cinco años 500 millones de dólares en la agricultura, de los cuales corresponderán 350 a la actual administración, que finaliza el año 2000, y 150 millones al primer año del próximo presidente.
Los opositores partidos Renovación Nacional (PRN) y Unión Demócrata Independiente (UDI) arrancaron al gobierno otra concesión el día lunes, consistente en acentuar la política de apertura comercial iniciada bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
El ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, anunció ese día que desde el primer semestre de 1997 Chile rebajará de 11 a siete por ciento su arancel único, disminución similar a la dispuesta en 1991, cuando la tasa era de 15 por ciento.
Con esta medida, se contarrestaron los argumentos del PRN y la UDI, en el sentido de que Chile, al otorgarse rebajas mutuas con el Mercosur y otros países latinoamericanos en tratados bilaterales, se está aislando comercialmente del resto del mundo.
La rebaja arancelaria satisfizo, de paso, otras demandas de la SNA, que viene reclamando por los constantes incrementos de los gastos de los agricultores en maquinarias, equipos, fertilizantes y otros insumos importados.
Antonio Guzmán, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que reúne a todos los grandes gremios empresariales, respaldó con entusiasmo la medida, que influirá en una baja de la inflación y en aliviar las restricciones monetarias, según afirmó.
Sin embargo, el anuncio de Aninat cayó mal entre los empresarios industriales y particularmente los exportadores de manufacturas, paradójicamente los más entusiastas partidarios de la asociación con el Mercosur.
Pedro Lizana, presidente de los empresarios industriales, consideró una ligereza que se rebajen los impuestos aduneros como una transacción para aprobar el tratado con el Mercosur sin analizar sus otras implicaciones.
Lizana advirtió que la industria chilena está creciendo hoy a sólo un tercio de lo que logró en los últimos años, debido a la devaluación del dólar y otros factores que deprimen sus ventas externas y que podrían acentuarse con los menores impuestos a las importaciones. (FIN/IPS/ggr/ag/if/96
