El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Mario Hung, declaró que los organismos de defensa de los derechos humanos pueden acudir a la justicia para que demuestre si encubre a un grupo de militares prófugos.
El Comité de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) anunció esta semana que demandará a Hung por negarse a entregar a los militares citados por la justicia para que declaren en tres juicios por violación de los derechos humanos en la década pasada.
"Si el Cofadeh cree que encubro a los oficiales me puede demandar ante los tribunales, pero si alguien es difamado puede contrademandar", advirtió Hung.
Los jueces han librado orden de captura contra un general, cinco coroneles y otros oficiales, al negarse a cumplir con las citas fijadas, y Hung dijo que en reiteradas oportunidades ha exhortado públicamente a los oficiales para que se presenten.
Eso es "lo único que puedo hacer", afirmó el jefe militar.
El presidente Carlos Reina declaró el miércoles que ordenó a Hung la entrega de los militares, pero "él contestó que no los tenía en su poder".
Según los organismos defensores de los derechos humanos, los oficiales circulan libremente en Honduras y cuentan con guardias personales suministradas por Hung. Otras versiones indican que la mayoría de los militares procesados se encuentran fuera del país.
El juez de la sureña ciudad de Choluteca, Abelino Cruz, advirtió la semana pasada, al emitir una segunda orden de captura contra siete militares, que procederá contra el jefe de la policía, coronel Julio Chávez, y el director de Investigación Criminal, Wilfredo Alvarado, si no capturan a los prófugos.
Los militares prófugos por el primer juicio en Tegucigalpa son el coronel Alexander Hernández y el capitán Billy Joya, acusados de la desaparición forzada temporal de seis estudiantes universitarios en 1982.
Mientras, en Choluteca, siete oficiales, entre ellos el general retirado Daniel Balí Castillo, ex comandante de la policía, fueron acusados por la desaparición y posterior ejecución de dos campesinos, uno de ellos de origen nicaragüense.
El Comité de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh) logró exhumar los restos de los dos campesinos, mediante el trabajo de un equipo de antropólogos argentinos y estadounidenses.
En el juicio que se sigue en Tegucigalpa por la desaparición y muerte del estudiante de derecho Nelson Mc Kay en 1982 fueron citados varios oficiales, entre los que se encuentran Hernández y Joya.
Los dos oficiales, que en la década pasada eran cuadros clave del Batallón de Inteligencia 3-16, adscrito al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, ejecutaron los secuestros de opositores, según los organismos de derechos humanos. (FIN/IPS/jrd/ag/hd/96
