El gobierno de Haití está atrapado en medio de una ola de violencia que azota la isla, con amenazas terroristas de la derecha y presiones de la izquierda, mientras la población desespera por obtener estabilidad.
Soldados del anterior régimen militar han formado bandas armadas contra el gobierno, lo cual ha creado un clima tenso entre los ciudadanos que apoyan firmemente la actual administración democrática pero viven temiendo represalias.
Por razones de seguridad, se prohibió circular por la noche en sus automóviles a los funcionarios de la misión conjunta de observación de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
En las últimas dos semanas, tiroteos y amenazas de bombas se unieron a la creciente lista de atentados, muchos fatales, que han empalidecido los modestos éxitos gubernamentales para impulsar el desarrollo económico en Haití.
En una declaración publicada en un diario local, los soldados del régimen anterior formularon una serie de demandas que incluyeron la excarcelación de algunos de sus miembros acusados de subversión y la amnistía para sus líderes políticos.
Tambien exigieron el pago retroactivo de 21 salarios mensuales, más daños e intereses. Su reclamo se debe a que el ex presidente, Jean Bertrand Aristide, desbandó el ejército leal a las dictaduras de derecha en diciembre de 1994.
En un comunicado publicado el martes, el primer ministro Rosny Smarth, exhortó a los ex militares que eviten ser manipulados y aseguró que se estaba preparando un plan para compensarlos, con ayuda de la comunidad internacional.
Observadores políticos opinaron que la declaración de Smarth estuvo dirigida a reasegurar al público que el gobierno no ha perdido el control y es capaz de persuadir a los ex soldados para que negocien una solución pacífica.
El hecho que el gobierno y las fuerzas de seguridad no cuentan con equipos para contrarrestar la ola de violencia es la auténtica razón del temor popular, y no las declaraciones y ultimatums de los antiguos jefes militares, añadieron las fuentes.
Funcionarios del gobierno y los encargados de la seguridad pública han exhortado continuamente a la población civil para que ayude a combatir "las fuerzas que están contra el cambio".
"Sin embargo, el gobierno sigue estando a la defensiva como si fuera la oposición y no el partido en el poder", dijo un analista político. "Espera que civiles desarmados hagan demostraciones contra la violencia y lo defienda, mientras vacila en dar los pasos necesarios para encarar la situación".
No obstante, el gobierno prometió que usará la mitad de una donación estadounidense por 10 millones de dólares paras equipar a su nueva fuerza de policía de 5.300 reclutas inexpertos.
Esta semana, las fuerzas de seguridad haitianas realizaron maniobras conjuntas con la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (MANUH)) en la poblacion de Petit Goaves, 70 kilómetros al sur de la capital. Hace dos semanas tuvo lugar un ataque armado en ese lugar donde hay barracas de la policía internacional.
Fuentes oficiales dijeron que se emitieron pedidos de arresto contra un ex oficial del ejército y el jefe de una organización política de extrema derecha, acusado de fomentar el malestar entre las antiguas tropas. Acciones legales contra ambos resultan improbables debido a la intervención estadounidense.
Por su parte, el vocero de la embajada de Estados Unidos, Mark Kwak, declaró que el jefe de la misión no haría comentarios "sobre rumores emanados de fuentes no identificadas".
El gobierno, ya apremiado por la izquierda en el debate sobre reformas económicas, tropezó con nuevas presiones de facciones contrarias a la idea de indemnizar a los antiguos soldados, cuando las víctimas de la dictadura militar entre 1991 y 1994 todavía están esperando justicia.
Una coalición de organizaciones locales de Limbe, 26 kilómetros al sur de Cap-Haitian, la segunda ciudad del país, bloqueó la carretera norte-sur del país y dividió la nación en dos partes.
Moise Charite, vocero de uno de los grupos campesinos, acusó al presidente Rene Preval de "alejarse del pueblo y no tener en cuenta sus necesidades".
Los líderes condicionan el levantamiento del bloqueo, que afecta las actividades agrícolas regionales y sectores del comercio, a la posibilidad de negociar con el mandatario y el primer ministro sobre sus demandas.
El dilema del gobierno es que si cede a las demandas campesinas de mejorar sus condiciones económicas arriesga sentar un mal precedente, y si hace caso omiso aumenta el abismo entre el poder central y su base popular.
A su vez, los parlamentarios opuestos a las reformas económicas exigidas por las instituciones multilaterales de crédito han unido fuerzas y traban todos los proyectos de ley destinados a modernizar las industrias nacionalizadas o realizar cambios administrativos.
Sin la aprobación de esas leyes, el gobierno no tendrá acceso a 119 millones de dólares necesarios para financiar la balanza de pagos, ni tampoco podra disponer de préstamos con bajo interés.
A pesar del significativo descenso de la inflación (15 por ciento), la mayoría de la población aún padece las privaciones causadas por los cambios estructurales, mientras el gobierno todavía debe preparar el presupuesto para el año fiscal que comienza el 30 se septiembre.
"Si no se hace nada desde ahora hasta diciembre, será una catastrofe y no habrá más remedio que despedir a personal de los ministerios", declaró un alto funcionario a IPS. (FIN/IPS/tra- en/imc/sz/mk/ego/ip).
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