El gobierno de Guyana y la compañía privada que presta los servicios telefónicos se encuentran en un callejón sin salida por la prolongada disputa acerca de la expansión del servicio público y la inversión que la compañía ha congelado como forma de presionar por un aumento de tarifas.
Cuando la Compañía de Teléfonos y Telégrafos de Guyana pidió elevación de tarifas hace cinco años, una comisión nombrada por el gobierno para regir los servicios públicos rechazó la propuesta de la telefónica.
La comisión entendió que la empresa tenía enorme caudal de dinero en efectivo, obtenido de la explotación de una línea pornográfica internacional, canalizada a través de Guyana.
Al rechazar aquella petición de 186 por ciento de aumento, la comisión calificó de absurda la pretensión, y exigió a la compañía que pusiera en ejecución un programa previamente acordado para la ampliación y modernización del servicio.
Pasado el tiempo, las dos partes han llegado ahora a una situación de bloqueo en sus relaciones, sin solución a la vista para el programa de expansión y sin acuerdo sobre las ganancias de la compañía.
Los directores de la empresa aseguran que las ganancias del servicio telefónico se están agotando a medida que invade al país una cruzada contra la inmoralidad. Con esa declinación de los ingresos, la firma no ve la posibilidad de embarcarse en ningún plan de expansión, con las inversiones consiguientes.
Privatizada en 1991, la compañía telefónica es controlada por Atlantic Tele Network, una empresa estadounidense con sede en las Islas Vírgenes, que posee 80 por ciento del capital.
En 1992, el gobierno expulsó a una empresa de llamadas eróticas, la Islands Telephone Company, a raíz de las protestas de numerosas jóvenes que rehusaron ser contratadas para trabajar como operadoras pues debían decir cosas "sucias" a los hombres que llamaban del extranjero.
La compañía reconoce que 75 por ciento de su facturación anual proviene del servicio pornográfico, que recibe llamadas de Estados Unidos y otros países, las que son conducidas a través de Guyana utilizando el código nacional 592.
El conflicto entre el gobierno y la empresa obedece también, según algunas interpretaciones, a razones políticas vinculadas a la perspectiva de las elecciones generales a realizarse en el plazo de 13 meses.
La administración que dirige el presidente Cheddi Jagan habría aumentado sus exigencias, de acuerdo con ese punto de vista, con la intención de lograr que los teléfonos entren por fin en los hogares de la población.
Sólo uno de cada 14 residentes de Georgetown tiene teléfono en su casa, mientras que el interior del país carece por completo de ese servicio.
El gobierno ha pedido a la compañía la instalación de 20.000 nuevos teléfonos en ejecución del programa de expansión, así como servicios modernos del tipo de llamadas en espera.
Por lo menos tres importantes ministros criticaron a la compañía en el último mes, diciendo que su dirección muestra poco respeto por las necesidades de la población.
El gobernante Partido Progresista Popular, por su parte, culpa de esta situación al gobierno anterior, que al privatizar el servicio telefónico en 1991 concedió a la nueva empresa un monopolio por 20 años. Menos de un año más tarde, asumió el gobierno la presente administración presidida por Jagan.
No obstante, el gobierno busca la forma de evitar que este conflicto afecte su popularidad, por lo cual se empeña en encontrar algún camino para sortear una situación tan incómoda.
Una de las posibilidades sería conceder licencias a otras firmas privadas para explotar teléfonos celulares. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/arl/ip/96
