En Guatemala antiguos grupos insurrectos se aprestan a firmar la paz, mientras en México la guerrilla zapatista, nacida hace 32 meses, advierte que está lista a pelear, y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) mantiene su lógica de guerra.
Los tres son movimientos armados, de orígenes distintos, cercanías geográficas y demandas similares de justicia, que ahora actúan en escenarios mexicanos. Unos en negociaciones de paz, difíciles y periódicamente interrumpidas, y otros en acciones violentas.
Delegados de la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) y del gobierno del presidente Alvaro Arzú firmarán el día 19 en México, con mediación de la Organización de las Naciones Unidas, un acuerdo relativo al fortalecimiento del poder civil y la función de Ejército.
Será el quinto en un proceso de negociaciones iniciado en 1991. Antes fueron suscritos acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y agrarios, sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y reasentamiento de poblaciones desarraigadas.
"El próximo acuerdo es una de las últimas puertas para la paz definitiva", dijo a IPS un portavoz de la URNG, grupo que, tras mantener entre viernes y lunes reuniones en México con delegados oficiales, realiza desde este martes un análisis final de documentos.
Tras 36 años de guerra, que costó 150.000 muertos, un millón de desplazados y cerca de 40.000 refugiados, Guatemala parece acercarse a la paz.
El portavoz de la URNG, que pidió mantenerse en el anonimato, informó que luego de la firma del próximo acuerdo, se planea suscribir en España documentos sobre la reinserción de la guerrilla a la vida civil, y en Noruega, donde arrancaron las negociaciones hace cinco años, el cese al fuego definitivo.
"Estamos listos a empezar una nueva etapa histórica en la que estaremos atentos al cumplimiento de los acuerdos", declaró la fuente.
Este martes, en entrevista con una radioemisora local, la remio Nóbel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú exhortó al gobierno mexicano a no cometer los errores que cometió su país en el trato dado a las guerrillas. "Ojalá en México no haya represión, militarización ni cementerios clandestinos", dijo.
Tras la irrupción y los ataques del EPR, grupo que maneja un lenguaje parecido al usado hace más dos décadas por guerrillas como las de Guatemala, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo ordenó una masiva movilización militar en al menos ocho de los 32 estados del país.
Con el despliegue vinieron las denuncias de persecución a líderes políticos, detenciones, quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos y una profusa publicación de notas en los diarios donde se informa de choques armados y muertos.
Zedillo calificó a los miembros del EPR, ques han demostrado tener presencia en varios estados, de terroristas y en ese tenor prometió movilizar "todo el peso del Estado" en su contra.
El EPR ha señalado que no quiere dialogar con el gobierno y llama a todas las fuerzas opositoras del país, que lejos de apoyarlo lo critican, a instaurar un nuevo sistema político. Son "terroristas trasnochados", dicen las autoridades.
Mientras, cerca de la frontera con Guatemala, en el estado mexicano de Chiapas, los tambores de guerra vuelven a sonar.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que a inicios de mes suspendió su diálogo con el gobierno, advirtió a través de un comunicado que sus tropas ocupan ahora "posiciones de montaña" y que están listas a pelear.
"El EZLN reitera que no dialogará mientras el gobierno no dé muestras de que asumirá el diálogo con seriedad y respeto y compromisos de soluciones de fondo a nuestra lucha", señaló la guerrilla.
El gobierno acusó el fin de semana a los zapatistas de mentir en relación a lo que sucede en las negociaciones, iniciadas en abril de 1995, e invitó al subcomandante Marcos, a quien llamó Rafael Guillén -persona que las autoridades sostienen es el líder del EZLN- a "honrar el compromiso" de la paz.
La guerrilla suspende las negociaciones hasta que el gobierno demuestre voluntad para atender sus demandas, cambie su delegación, libere a presuntos zapatistas detenidos desde febrero de 1995, designe una comisión de seguimiento de los acuerdos y disminuya la militarización en Chiapas, afirma el EZLN.
Los mediadores reforzaron las últimas horas sus intentos para evitar que el diálogo se declare roto, lo que según la ley que guía las negociaciones de Chiapas reactivaría las órdenes de detención giradas desde hace más de un año contra Marcos y otros dirigentes del EZLN. (FIN/IPS/dc/dg/ip/96)
