El gobierno y la guerrilla de Guatemala dieron hoy en México un paso decisivo hacia la paz, al firmar un acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.
Tras cuatro meses de diálogos y ante representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), delegados del Grupo de Amigos del Proceso de Paz y ministros de Defensa de países centroamericanos, las partes suscribieron el documento que redefine el papel del Ejército y la Policía.
"Hemos concluido hoy un tema que constituye el eje alrededor del cual giran todos los puntos esenciales para construir una Guatemala cualitativamente distinta a la que hemos conocido durante el último siglo", dijo Rolando Morán, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
A nombre del gobierno guatemalteco, Gustavo Porras señaló que el nuevo acuerdo, el quinto de un proceso de negociación que comenzó formalmente en 1991, "consolida la certeza de la firma de la paz y perfila un horizonte claro para su construcción".
"Estamos próximos a firmar la paz. Nuestro país lo necesita, Guatemala está hoy en una hora crucial", dijo Porras, tras destacar que se cumplieron cinco meses sin enfrentamientos armados con la guerrilla.
Según la meta de los negociadores, antes de finalizar el año se firmaría en Madrid un acuerdo para permitir la reinserción de los miembros de la URNG a la vida política legal y en Oslo se concertaría el cese al fuego definitivo.
En el acuerdo suscrito este jueves, la URNG y el gobierno acordaron impulsar cambios constitucionales para fortalecer un Estado democrático donde se respeten los derechos humanos y se aliente la participación ciudadana.
El documento indica que existe el compromiso de realizar cambios en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En materia de seguridad, tema considerado clave durante las negociaciones, se declara "necesario e impostergable" la reestructuración de las fuerzas policiales "en una sola Policía Nacional Civil que tendrá a su cargo el orden público" y respetará estrictamente los derechos humanos.
Para cumplir ese objetivo, se demanda apoyo de la sociedad civil y de la comunidad internacional. El compromiso, señala el documento, consiste en tener para fines de 1999 una nueva policía con un mínimo de 20.000 agentes formados en escuelas especiales.
En cuanto a las empresas privadas de seguridad, que en los 36 años de guerra entre fueron acusadas en numerosas oportunidades de actuar al servicio de intereses de caciques, el gobierno se comprometió a regular su funcionamiento y dejarlo al control de la nueva policía.
En cuanto al Ejército, se prometió reducir en 33 por ciento su número de efectivos y reorganizar su depligue, disponiendo su ubicación en función exclusiva de la defensa de la soberanía, y se enfatizó que no tendrá asignadas otras funciones.
"Debe formularse una nueva doctrina militar de acuerdo con las reformas previstas en el presente acuerdo. La doctrina estará orientada al respeto a la Constitución, a los derechos humanos, a los instrumentos internacionales (…) y al espíritu de los acuerdos de paz firme y duradera", dice el documento.
Sobre los organismos de inteligencia del Estado se anunció la creación de un departamento de inteligencia civil, responsable de combatir al crimen organizado "por lo medios y límites autorizados por el ordenamiento jurídico y en estricto apego a los derechos humanos".
Las partes se comprometieron finalmente a realizar esfuerzos para promover la participación política de la población, y de la mujer en particular, a través del fortalecimiento de los gobiernos municipales y del Sistema de Consejos de Desarrollo.
El último acuerdo entre la URNG y el gobierno del presidente Alvaro Arzú marca una etapa fundamental en el proceso de paz, por lo que la comunidad internacional saluda su esfuerzo, dijo el mediador de la ONU, Jean Arnault.
Satisface sobremanera a la comunidad internacional que Guatemala se acerque hacia la paz definitiva, declaró el canciller mexicano José Gurría, a nombre del Grupo de Amigos del Proceso de Paz, integrado por Colombia, España, Estados Unidos, México, Noruega y Venezuela.
Desde el inicio del proceso de paz, la URNG y el gobierno guatemalteco han firmado acuerdos sobre temas agrarios, indígenas, derechos humanos, reasentamiento de poblaciones desarraigadas y, ahora, sobre el fortalecimiento del poder civil y el papel del Ejército.
En los 36 años de guerra interna en Guatemala murieron unas 150.00o personas, un millón fueron desplazadas y cerca de 40.000 se refugiaron en el exterior, especialmente en México. (FIN/IPS/dc/ag/ip/96