El Senado de Estados Unidos postergó hasta 1997 el debate final sobre la Convención contra Armas Químicas, firmada por Washington hace cuatro años y que aún necesita la ratificación de dos países para tomar fuerza de ley internacional.
Los partidarios de la Convención, que contempla la destrucción en 10 años de todas las armas químicas y de las factorías que las producen, resolvieron el jueves aplazar la votación al comprobar que no contaban en el Senado con la mayoría de dos tercios necesaria para la ratificación de tratados internacionales.
Veinticinco senadores republicanos se pronunciaron públicamente contra la convención, y portavoces de la administración de Bill Clinton informaron que otros 10 legisladores estaban dispuestos a votar negativamente.
Los portavoces explicaron que, para no poner en riesgo la propuesta, optaron por postergar la ratificación para el próximo año, confiados en que las elecciones de noviembre modifiquen la composición del Senado.
El episodio "demostró que la corriente aislacionista del Partido Republicano se ha impuesto sobre el sector internacionalista" del mismo partido opositor, dijo John Isaacs, presidente del Consejo por un Mundo Tolerable, un grupo que promueve el desarme.
También la Asociación de la Industria Química (CMA), la mayor organización empresarial en su sector, había pedido la ratificación de la convención.
La CMA, cuyos integrantes facturaron el año pasado 60.000 millones de dólares por la exportación de productos químicos, teme que la entrada en vigor de la convención conlleve la aplicación de sanciones comerciales a países no ratificantes.
La industria química de Estados Unidos perdería cientos de millones de dólares por año en caso de que las sanciones fueran efectivamente dispuestas.
"Hemos manifestado nuestra preocupación respecto de las consecuencias que Estados Unidos podría sufrir si no ratifica el tratado. Estamos profundamente contrariados ante la decisión tomada", declaró Mike Wells, de la CMA.
La convención ha sido ratificada por 63 de los 159 países firmantes, dos menos de los necesarios para dotarla de carácter vinculante.
Negociado por las administraciones republicanas de Ronald Reagan y George Bush, el protocolo exige a las partes la declaración y destrucción de sus existencias de armas químicas y de las fábricas que las producen.
Los países ratificantes se comprometen también a dar cuenta anualmente de la producción de ciertos insumos que pueden ser utilizados para la fabricación de armas químicas, y crea un mecanismo internacional de verificación e inspección.
La guerra del Golfo de 1991 determinó el apoyo al tratado de los dos grandes partidos de Estados Unidos, el Demócrata y el Republicano.
La negociación del tratado se aceleró al informarse que Iraq poseía grandes existencias de armas químicas, las mismas que en la década de 1980 utilizó en la guerra contra Irán y para sofocar rebeliones de la minoría kurdo.
El entonces presidente George Bush firmó la convención, pero la Constitución de Estados Unidos exige para su ratificación una mayoría cualificada de votos en el Senado, que desde las elecciones de 1994 está dominado por la derecha.
Un pequeño grupo de senadores republicanos encabezados por Jesse Helms, presidente del comité de Relaciones Exteriores, y respaldado por Trent Lott, líder del bloque de legisladores del mismo partido, intentan evitar la ratificación del tratado.
Según han argumentado, las cláusulas de la convención no obligan a las naciones que no la han firmado, entre las cuales se cuentan Libia, Siria, Corea del Norte e Iraq, que supuestamente desarrollan programas de armas químicas.
"Esos son precisamente los países que actualmente producen armas químicas para su eventual uso contra Estados Unidos y sus aliados", advirtió Charles Krauthammer, un influyente columnista de derecha.
Los adversarios del tratado también han observado que los mecanismos de vigilancia y aplicación, a instalarse en La Haya, podrían estar en contradicción con garantías previstas por la constitución de Estados Unidos contra investigaciones y requisas arbitrarias.
Los inspectores internacionales estarían facultados para investigar empresas estadounidenses, y a los costos que que éstas sufrirían se suma el riesgo del espionaje industrial, agregaron.
En su opinión, algunos países podrían introducir sus agentes entre el grupo de inspectores para realizar espionaje.
Pero la industria estadounidense sostiene que se trata de temores infundados. "Sólo unas 200 compañías podrían ser inspeccionadas, y todas cuentan con mecanismos para minimizar trastornos y proteger los secretos comerciales", señaló el diario Journal of Commerce.
El secretario de Defensa, William Perry, y la procuradora general, Janet Reno, han advertido que los países se exponen al aislamiento.
"La aplicación de rigurosos controles internacionales de comercio impedirán a los signatarios la venta de productos químicos de doble uso que pudieran amenazarnos", aseguraron esta semana Perry y Reno al diario The Washington Post.
Esos controles "no sólo dificultarán a los 'estados delincuentes' la fabricación de armas químicas, sino que también los penalizarán económicamente al impedirles obtener productos químicos para fines comerciales", agregaron los dos funcionarios.
El asunto divide a los asesores en política internacional del candidato presidencial del Partido Republicano, Robert Dole, quien ha intentado acercar a los aislacionistas e internacionalistas de su partido.
El general retirado Brent Scowcroft, quien sirvió como consejero de Seguridad Nacional de Bush y asesora a Dole, apoya el tratado, mientras Jeane Kirpatrick, ex embajadora en la Organización de Naciones Unidas, y Richard Cheney, ex secretario de Defensa, se alinean en la oposición. (FIN/IPS/tra- en/jl/yjc/ff/ip/96
