El partido de gobierno de El Salvador impulsará la restauración de la pena de muerte para frenar el auge delictivo, que ha colocado a este país centroamericano entre las más peligrosas del continente.
Los diputados Walter Araujo y Juan Duch, que ocupan altos cargos de dirección en el conservador partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), aseguraron que lanzarán el reto a las fuerzas de oposición.
La oposición, especialmente los sectores de izquierda, han manifestado reiteradamente su negativa a reinstaurar la pena de muerte y reclama al gobierno el fortalecimiento de la seguridad pública y del sistema judicial.
"En casos extraordinariamente necesarios, cuando sea la última posibilidad que se tenga podría darse, sería justo y lícito hacerlo de parte de los estados", declaró el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz.
"Pero de lo que se trata es que se consideren y se pongan todos los medios posibles para no tener que recurrir a este procedimiento extremo", agregó.
Araujo, por su parte, consideró que existen condiciones en la Constitución para reimplantar la pena de muerte para aquellos delincuentes que violen a menores de edad, secuestren a personas o perticipen en matanzas familiares.
Según datos oficiales, en El Salvador se comete un homicidio cada hora y sólo en la capital tienen lugar diariamente 500 delitos graves, como asesinato, extorsión y robo a mano armada.
La pena de muerte fue derogada en 1983, cuando el país centroamericano firmó tratados internacionales que exigen su abolición.
En el período legislativo 1988-1991 fue puesta nuevamente en vigor por iniciativa de grupos conservadores, pero la medida no entró en vigencia porque en el período siguiente (1991-1994) no fue ratificada por diputados, requisito indispensable para las reformas constitucionales.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Domingo Méndez, declaró que la reinstalación de la pena de muerte tiene aspectos constitucionales que ameritan una análisis minucioso. No obstante, señaló que el fenómeno delictivo es preocupante y produce cada vez mayor indignación en la población.
El ministro de la Seguridad Pública, Hugo Barrera, afirmó que existen condiciones para reimplantar la medida extrema, ya que la situación está en favor de los delincuentes y no de los salvadoreños honestos.
Sectores de la Iglesia Católica estiman que la delincuencia debe ser combatida con medidas que erradiquen la pobreza en que vive casi el 80 por ciento de los 5,7 millones de salvadoreños.
El obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa, también ha sostenido que para erradicar la delincuencia común y organizada se debe depurar el sistema judicial, que debido a su incapacidad se ha constituido en factor de impunidad.
Esta misma situación ha llevado a que la población comience a tomar la justicia por su propia mano. La semana pasada un delincuente fue linchado en el centro de la capital cuando intentó robar un vehículo.
El fin de semana pasado, campesinos de una comunidad de la central provincia de Cuscatán mataron con armas blancas a un delincuente que lograron capturar luego de que la banda a la que pertenecía asesinó a dos hombres y violó a una mujer, todos de la misma familia.
Por otra parte, miembros de la sociedad civil que se han organizado en el denominado Comité Cívico contra la Delincuencia anunciaron que iniciarán el día 21 una campaña de recolección de armas de guerra, que cambiarán por bonos para adquirir alimentos en los supermercados.
Tras la finalización del conflicto armado en El Salvador, que se prolongó entre 1980 y 1992, quedaron en poder de civiles más de 200.000 armas de guerra.
El polítologo Rafael Guidos Béjar manifestó que el proceso democrático en El Salvador se ve afectado por fenómenos como la delincuencia común, el crimen organizado y el narcotráfico, en los que participan prominentes figuras políticas del país centroamericano. (FIN/IPS/jd/ag/ip-hd/96
