El ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) está realizando gestiones ante las Naciones Unidas (ONU) para que obligue al gobierno de El Salvador a cumplir todos los acuerdos de paz, informó hoy su líder Leonel González.
El FMLN también insistió ante el foro mundial para que mantenga en el país su mecanismo de verificación del proceso pacificador aún después del 31 de diciembre, fecha en que caduca, dijo González a IPS.
El gobierno del conservador Armando Calderón Sol ha incumplido aspectos "muy sensibles" de los acuerdos de paz en materia de transferencia de tierras cultivables a los ex combatientes de ambos bandos y resolución de las necesidades de los nuevos asentamientos humanos rurales, destacó.
Tampoco ha aprobado prometidas reformas de democratización y modernización de los sistemas judiciales y electorales.
"Existen suficientes razones para pensar que el gobierno no está interesado en finiquitar el proceso de transición hacia la paz", afirmó González.
El asesor presidencial para la paz, general Mauricio Vargas, negó las acusaciones del antiguo grupo guerrillero e indicó que, en el tema de las transferencia de tierras, sólo falta escriturar las propiedades de 450 ex combatientes, del total de 36.000 beneficiarios.
Aunque reconoció que en el área de asentamientos humanos rurales, constituidos por campesinos y familiares de ex combatientes, los programas de atención social están retrasados, señaló que "ello no significa el desplome de los acuerdos de paz".
El FMLN critica también la decisión del gobierno de crear juntas vecinales contra la delincuencia, por estimar que podrían convertirse en bandas paramilitares como las que operaron en décadas anteriores.
Alvaro de Soto, secretario adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, quien se reunió este jueves con representantes de la guerrilla y el gobierno, se manifestó contrario a que en El Salvador se reintroduzca la pena de muerte, reclamada por sectores de la población para contener la delincuencia.
El país debe enfrentar la criminalidad con medidas "más científicamente valederas", ya que "está comprobado estadísticamente que la pena de muerte como factor de disuasión no es eficaz", dijo.
El partido gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que cuenta con la mayoría absoluta en el parlamento, apoya el restablecimiento de la sentencia capital, derogada en 1983.
De Soto recordó que El Salvador es firmante del Convenio Internacional de Derechos Humanos, que inhibe la aplicación de la pena de muerte.
La oposición estima que ARENA impulsa el restablecimiento de la pena de muerte sólo como medio para ganar adeptos con vistas a las elecciones legislativas y municipales de marzo. (FIN/IPS/jrd/dg/ip/96
