Irán abrió hoy una nueva ofensiva en su campaña por asegurar una compensación por las plataformas petroleras dañadas por Estados Unidos en 1987 y 1988, al plantear la cuestión ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Teherán espera que la audiencia ante la corte le permita acusar a Estados Unidos de destrucción intencional de las propiedades iraníes durante dos ataques estadounidenses contra sus instalaciones en el Golfo, en octubre de 1987 y en abril de 1988.
Las audiencias iniciadas este lunes sólo marcan el comienzo de extensos procedimientos. Durante los próximos 10 días, Irán y Estados Unidos deberán determinar si la corte de La Haya, en Holanda, es competente para juzgar sobre el tema.
Si los iraníes pueden probar que la Corte está capacitada para decidir sobre los méritos del caso de Teherán contra Washington, podrían pasar dos años antes de que los procedimientos completos juzguen a Estados Unidos por cometer actos de guerra contra Irán.
Resulta irónico que las acciones de Estados Unidos durante la guerra entre Irán e Iraq de 1980-88 se revisen en el preciso momento en que Washington vuelve a considerar el uso de la fuerza militar en la región, esta vez contra Iraq.
Pero los procedimientos de La Haya pueden al menos arrojar algo de luz al difícil problema de la justificación de acciones militares en circunstancias que están lejos de la guerra declarada.
Irán pretende que la corte decida sobre su reclamo según el cual Estados Unidos violó la ley internacional y es responsable de la destrucción de tres plataformas petroleras en el Golfo en los dos incidentes.
Si la corte se hace cargo del caso, Estados Unidos alegará que las plataformas eran usadas por militar personal iraní involucrado en ataques contra Estados Unidos y otros transportes internacionales en el Golfo.
Fuentes legales familiarizadas con el caso dijeron a IPS que en primer lugar Irán deberá demostrar que la corte de La Haya tiene una base para la jurisdicción, lo cual requiere que ambas partes lleguen a un acuerdo, o hayan acordado en el pasado que el caso sea llevado ante la corte.
Hay tres formas distintas en que se puede invocar la jurisdicción de la corte, si el caso es considerado especialmente en un tratado bilateral y si ambas partes son signatarias de un acuerdo multilateral que establezca que estos casos son propios de la Corte de Justicia.
La tercera opción es que un acuerdo general bilateral prevea que la corte de La Haya determine cualquier interpretación del tratado.
Irán escogió esta úlitma opción, citando el Tratado de Concordia de 1995, firmado por el ex gobierno imperial de Shah Reza II Pahlevi y el gobierno de Estatos Unidos, el cual establece "relaciones pacíficas y amistosas" entre ambos países, y libertad de comercio y navegación.
El tratado contiene una disposición según la cual si los asuntos de interpretación no pueden ser resueltos mediante la diplomacia amistosa, cualquiera de las partes puede dirigirse a la Corte de Justicia. La acción de Estados Unidos, según Irán, viola el tratado.
Estados Unidos impugna la jurisdicción de la corte, y alega que el tratado de 1955 nada tiene que ver con la clase de acuerdo que subyace al reclamo de reparación de Irán, sino que se refiere a asuntos comerciales y consulares y no está diseñado para regular el uso de fuerza armada.
Por lo tanto, concluye Washington, el tema de los ataques a las plataformas iraníes es irrelevante a la corte.
Si se determina la competencia de la corte ante las objeciones de Estados Unidos, decisión que no se tomará antes del primer cuatrimestre de 1997, la corte solicitaría peticiones escritas de ambas partes.
En esta etapa, Estados Unidos plantearía un recurso de autodefensa, alegando que la fragata USS Roberts fue alcanzada por una mina, que un barco petrolero kuwaití con bandera estadounidense, el Sea Isle City, fue golpeado con un misil Silkworm de fabricación china, y que ambos ataques fueron responsabilidad de Irán. (FIN/IPS/tra-en/jmr/rj/lp/ip/96
