El gobierno de Ecuador decidió suspender parcialmente a partir de hoy los trabajos de reparación ambiental que estaba realizando la empresa petrolera estadounidense Texaco.
Según el departamento de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, las obras de esta trasnacional carecían de los requerimientos técnicos necesarios para subsanar la degradación que provocó a lo largo de 25 años de exploración y explotación de petróleo en la región amazónica de Ecuador.
La decisión gubernamental "es parte del baño de verdad que se pretende aplicar en todos los sectores y en especial en el petrolero", por parte del gobierno de Abdalá Bucaram, afirmó Hugo Jara, secretario de Protección Ambiental, '
Pocos días después de recibir el mando de manos de Sixto Durán Ballén, el 10 de agosto, Bucaram impuso un nuevo estilo para entablar las relaciones con las petroleras trasnacionales que operan en el país.
La argentina Maxus fue el primer gran ejemplo. Bucaram ordenó la militarización de las instalaciones de esta petrolera, acción que no se cumplió, y su virtual expulsión del territorio ecuatoriano en caso de que no accediera a firmar un nuevo contrato más conveniente para el Estado. Maxus accedió.
El informe técnico que avala la decisión contra Texaco será dado a conocer en los próximos días, según las autoridades, y fue elaborado por expertos de la estatal Petroecuador y por organizaciones ambientalistas como Fundación Natura.
Desde 1972 Texaco asentó sus instalaciones en las dos provincias nororientales de Ecuador, Sucumbíos y Napo, en la región amazónica.
A partir de ese año, las denuncias contra las actividades de la firma estadounidense por parte de organismos ambientalistas nacionales e internacionales y decenas de comunidades indígenas fueron una constante.
Cuando Texaco retiró sus operaciones en este país andino, en 1994, ya enfrentaba un juicio en la Corte de Justicia de Nueva York, que fue planteado por 30.000 indígenas de 120 comunidades nativas de la Amazonia para obtener una justa indemnización por "daños ambientales irreparables".
Al tratarse de un juicio internacional, la Corte de Nueva York, ciudad donde Texaco tiene su sede, solicitó un pronunciamiento oficial del gobierno ecuatoriano, que resultó contrario a los intereses de las comunidades demandantes.
Sin embargo, el congreso unicameral manifestó por unanimidad su apoyo a la población afectada por las actividades de la firma trasnacional.
La administración de Durán Ballén, en su último año de gestión, consideró que era se trataba de un asunto que debía ser resuelto por Ecuador y en Ecuador.
Esa decisión sucedió a la firma de un contrato con Texaco para la reparación de daños ambientales por un monto de un millón de dólares, que era considerado como un compromiso irrevocable del gobierno ecuatoriano.
Cuando Texaco inició sus actividades de rescate ambiental, Petroecuador, a través de Petroproducción, una de sus tres filiales, presentó más de 20 informes técnicos de irregularidades cometidas en los trabajos.
El petróleo y sus derivados representan el principal producto de exportación de Ecuador y generan la mitad del presupuesto general del Estado.
Según Cristobal Bonifaz, representante de las 120 comunidades de la Amazonia, esta es una nueva oportunidad para continuar con el juicio contra Texaco.
Un fallo favorable a las comunidades indígenas significaría una indemnización por daños sociales y ambientales no inferior a los ocho millones de dólares. (FIN/IPS/mg/dg/en-if/96)
