Las relaciones entre el gobierno de Ecuador y la petrolera trasnacional Maxus, que iba a ser militarizada y expulsada del país por mantener un contrato inconveniente para el Estado, están mejor que nunca, afirmó hoy el ministro de Energía Alfredo Adum.
La empresa argentina YPF, propietaria de la Maxus, accederá a firmar un contrato que asegura al Estado ecuatoriano un nivel de participación de 30 por ciento de la producción total de crudo, de acuerdo a informes del Ministerio de Energía.
Maxus, que también está conformada por la compañía estadounidense NOMECO y la estatal petrolera de Taiwán OPIC, opera desde 1986 el llamado bloque 16 de la región amazónica de Ecuador y en los campos Bogui-Capirón y Tavacuno.
La empresa mantenía un contrato de prestación de servicios, por el cual el Estado se comprometía a financiar las pérdidas renunciando a su porcentaje de ganancia, si la calidad del crudo hallado en los campos explorados no resultaba la esperada.
Además, según Alberto Acosta, autor de un estudio sobre el caso Maxus, los campos Bogui-Capiron y Tavacuno fueron concedidos sin previa licitación pública, "acción que va contra todas las normas vigentes de contratación".
Ante esas irregularidades, el 20 de agosto, a sólo diez días de asumir el poder, el presidente Abdalá Bucaram anunció la militarización de la petrolera y su virtual expulsión del país.
A pesar de que la medida contó con apoyo de diversos sectores de la sociedad, como agrupaciones laborales y ambientalistas y especialistas en el tema petrolero, las interrogantes comenzaron a surgir con la inmediata aceptación de los ejecutivos de la Maxus de revisar el contrato.
Más tarde se conoció que el contrato no podría ser cancelado pues ya había vencido.
Para algunos analistas, la medida del gobierno de Bucaram fue un golpe de efecto para escarmentar a otras petroleras que mantienen contratos similares al suscrito con la Maxus.
Trasnacionales como Elf, Occidental, Oryx, Tripetrol y City Investing manifestaron su voluntad de revisar su posición contractual después del incidente con Maxus.
Otros comentaristas sostienen en cambio que el gobierno pretendía prolongar el contrato con Maxus sin que mediara otra licitación pública y que encontró la vía de la "amenaza" para hacerlo, que también le sería redituable en el plano político. (FIN/IPS/mg/dg/en-if/96
