Una intensa búsqueda de un cementerio clandestino donde habrían sido sepultados los cuerpos de cientos de jóvenes se desató hoy en Ecuador tras confesiones de un ex agente policial.
Los jóvenes habrían sido torturados y asesinados durante el régimen socialcristiano de León Febres Cordero (1984-88).
Decenas de parientes de desaparecidos, organizaciones humanitarias internacionales y nacionales, periodistas y autoridades gubernamentales se dieron cita desde la madrugada de este martes en la base policial de Pusuquí, 30 kilómetros al norte de Quito, donde se encontraría el cementerio.
Las denuncias están contenidas en el libro "El Testigo", escrito por Hugo España.
El texto, que está en el mercado desde fines de agosto, ha sido considerado el testimonio más importante y revelador sobre la represión policial en este país andino.
"Es hora de que el país se de un baño de verdad frente a las acusaciones que pesan contra la institución policial", declaró este martes el presidente Abdalá Bucaram desde Cochabamba, Bolivia, donde asiste a la décima reunión presidencial del Grupo de Río.
Bucaram anunció a una emisora radial local que las instalaciones de Pusuquí serían resguardadas por las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el desarrollo de las investigaciones.
"No podemos acusar a nuestra policía sin tener pruebas contundentes en su contra", señaló por su parte el ministro de Gobierno Frank Vargas.
Vargas instó a que un grupo de médicos forenses presencien las excavaciones que se realicen, para que se levante un informe detallado.
El ex agente especial, quien se mantiene fuera de Ecuador por motivos de seguridad según informó a IPS Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos (APDH), narra su participación en un escuadrón especial antisubversivo creado bajo las órdenes del ex presidente Febres Cordero.
Ese cuerpo, llamado SIC-10, era integrado por 10 agentes entrenados por la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA), el Grupo Especial de Operativos de la Policía española y expertos israelíes.
El objetivo del SIC-10 era eliminar al grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo y a infiltrados colombianos del movimiento guerrillero M-19, afirma España, quien confesó su participación en más de 74 crímenes.
Según Ponce, quien participó en la edición de "El Testigo", los testimonios de España "deben ser investigados a fondo por las autoridades", pues "registran acontecimientos que si bien pueden contener algunas imprecisiones son apegados a la realidad".
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, manifestó que "sería calamitoso para las instituciones que las denuncias de España fueran ciertas".
Solórzano anunció que está dispuesto a iniciar procesos judiciales "mientras se presenten denuncias fundamentadas", pues no puede actuar por oficio.
"Tengo derecho a la duda", dijo este martes el procurador general Leónidas Plaza. "Yo viajé a Pusuquí y sólo vimos maleza en un terreno valdío", indicó.
Para Plaza, muchos de los delitos denunciados por España, "de ser ciertos, se encuentran prescritos por la ley", pues ya pasaron más de diez años desde que se cometieron. "Si yo fuera abogado ese sería mi primer argumento", comentó.
Tanto la APDH como la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos y otras organizaciones demandaron al parlamento que los delitos de lesa humanidad queden excluídos de prescripción al cabo de diez años. (FIN/IPS/mg/dg/ip-hd/96
