El gobierno y los bancos de México negaron que narcotraficantes laven en este país entre 8.000 y 30.000 millones de dólares anuales, como se asegura en Estados Unidos, en momentos que se realizan más de 200 investigaciones por ese delito y se detuvo a un socio de las mafias colombianas.
La Asociación de Banqueros desafió a los diputados y al gobierno del país vecino a probar sus afirmaciones, que consideró exageradas, mientras autoridades del sistema financiero reconocieron que existe el problema, pero rechazaron que sea de grandes dimensiones.
La banca no ha participado en el lavado, pero sí ha sido utilizada por "bandas" para "cierto tipo de operaciones", dijo el jueves 12 Pedro Zamora, director jurídico de la Comisión Bancaria y de Valores.
Zamora informó que se prepara una legislación para enfrentar el tema y se avanza en varias pesquisas.
El día 5, autoridades y diputados de Estados Unidos, reunidos en el Congreso, calcularon que cada año se trasladan a México entre 8.000 y 30.000 millones de dólares de circulante ilícito, dinero que se depositaría en cuentas bancarias y se convertiría en acciones y en otros instrumentos financieros.
La acusación no es nueva. En abril de 1995 Washington difundió un diagnóstico en el que señalaba que México es el mayor centro de lavado de dinero del narcotráfico en América Latina y que su sistema financiero es muy vulnerable a las transacciones ilícitas.
Como en aquella ocasión, el gobierno volvió ahora a negar la acusación y recordó que mantiene con el país vecino mecanismos para investigar el lavado de dinero y delitos conexos.
Las pesquisas no permiten afirmar que México sea uno de los principales centro de lavado de dinero del mundo, asegura la Secretaría de Hacienda.
Un informe de la Organización de Naciones Unidas señala que México es considerado "punto estratégico de tránsito para el dinero derivado de las drogas debido a su situación geográfica y su acceso comercial a Estados Unidos, que es, con mucho, el mayor consumidor de estupefacientes ilícitos".
Para coordinar estrategias contra las mafias de narcotraficantes, en marzo pasado los dos países vecinos integraron un Grupo de Contacto de Alto Nivel que reúne a las principales autoridades antidrogas de los dos países.
En ese marco, las autoridades mexicanas informaron que se realizan unas 264 investigaciones por presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero en el sistema financiero, mientras en el Congreso se preparan normas para perseguir y castigar con mayor celeridad el ilícito.
Además, la secretaría de Hacienda ordenó los últimos días que bancos, casas de bolsa y agencias de viajes informen con detalle cuáles son las instituciones y personas que realizan transacciones superiores a los 100.000 dólares.
Según una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, las cinco o seis bandas de narcotraficantes que operan en el país obtienen ganancias anuales de entre 15.000 y 30.000 millones de dólares, de los cuales unos 800 millones serían invertidos en sobornos que se pagan a las autoridades.
Tras varios meses de investigaciones, en las que habrían participado agentes estadounidenses, esta semana la Procuraduría General ordenó la detención domiciliaria del empresario pesquero Manuel Rodríguez, supuesto socio del cártel colombiano de Cali.
La policía sostiene que Rodríguez, a quien se le aseguraron propiedades por 15 millones de dólares, entre barcos pesqueros, yates y autos de lujo, un helicóptero y una avioneta, recibía drogas de Colombia para canalizarlas a Estados Unidos y Europa y luego se encargaba de "lavar" el dinero de las ventas.
El Instituto Nacional del Combate a las Drogas sostiene que Rodríguez, a quien en el círculo de los narcotraficantes se conocía como "el mexicano" o "el capi", era socio del tercer cabecilla del Cártel de Cali, José Castrillón, quien se encuentra detenido en Panamá.
Estimaciones extraoficiales indican que durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, en funciones desde diciembre de 1994, los narcotraficantes locales, vinculados a los cárteles colombianos, han logrado transportar a Estados Unidos más de 90 toneladas de cocaína.
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) estima que sólo el llamado cártel mexicano del Golfo obtiene ingresos anuales por 20.000 millones de dólares, una cifra similar al préstamo comprometido por Washington al gobierno de Zedillo en 1995 para superar la crisis financiera.
Analistas locales sostienen que el narcotráfico tocó los hilos del poder político en México y que estaría vinculado a los asesinatos del ex candidato presidencial, Luis Colosio, y del dirigente político oficilista, Francisco Ruiz Massieu, ocurridos en marzo y septiembre de 1994. (FIN/IPS/dc/jc/ip/96
