Un enérgico rechazo a la ley estadounidense Helms-Burton y un reclamo de mayor cooperación entre naciones productoras y consumidoras de drogas en la lucha contra el narcotráfico destacan en la declaración final de la X cumbre del Grupo de Río, que concluyó este miércoles.
El texto recoge los puntos de consenso entre los representantes de 14 países de América Latina y el Caribe reunidos durante dos días en Cochabamba en el marco del foro político anual de más alto nivel de la región.
Democracia y lucha contra la pobreza, desarrollo sostenible, integración y comercio, extraterritorialidad de las leyes nacionales, diálogo con la Unión Europea, lucha contra las drogas y la corrupción, e integración cultural ocuparon la atención de los deliberantes.
La corrupción, el narcotráfico y la pobreza fueron identificados como los mayores problemas del área, dijo Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de Bolivia, el país anfitrión.
La integración física y económica y la democracia reconquistada fueron en cambio incluidos en el lado positivo de la balanza en el área.
Los gobernnantes de los países de la región rechazaron todo intento por imponer sanciones unilaterales de carácter extraterritorial, en clara alusión a la ley Helms-Burton con la que Estados Unidos intenta sancionar a países y empresas que comercien con Cuba.
Cualquier disposición extraterritorial contraviene las normas que rigen la convivencia entre los estados e ignora el principio del respeto a la soberanía, además de constituir una violación al derecho internacional, señalaron.
"Reafirmamos nuestro enérgico rechazo a la llamada ley Helms- Burton y al efecto destacamos la importancia de la opinión unánime emitida por el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos a la cual nos adherimos", indica la declaración.
La redacción de este punto fue motivo de polémica, ya que algunos mandatarios eran partidarios de un "tono más fuerte" contra la ley, según dijeron a IPS fuentes diplomáticas que no identificaron a esos presidentes.
Con relación al tema de las drogas, la declaración introdujo el concepto de corresponsabilidad de las naciones y apeló a la comunidad internacional a intensificar el diálogo y la cooperación en la lucha contra el consumo, la producción, el tráfico y la distribución de estupefacientes.
Incluyó también un llamado a combatir los delitos conexos a las drogas, como el desvío de precursores químicos, el lavado de activos y el tráfico de armas.
"La plena observancia de la responsabilidad compartida debe conducir a resultados más efectivos que reflejen una visión integral y equilibrada del problema de las drogas, permitiendo articular los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales", subraya el texto.
El documento pone énfasis en el carácter integral de la lucha contra las drogas, que debe comprender, por tanto, los aspectos sociales y económicos del fenómeno.
En función de ello, pide dirigir los esfuerzos hacia programas de desarrollo alternativo, social y regional para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas involucradas en cultivos ilegales.
Con relación a temas tradicionalmente presentes en la agenda política del Grupo de Río, los gobernantes latinoamericanos reafirmaron como tarea prioritaria la promoción de la democracia representativa como sistema de gobierno, la determinación de superar la pobreza, la desnutrición y la marginalidad.
También pidieron a la comunidad internacional apoyar la Cumbre Hemisférica de Desarrollo Sostenible que se realizará en Santa Cruz (Bolivia) en diciembre y destacaron la importancia de la integración de las economías de la región para alcanzar mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico y social.
El diálogo institucionalizado a lo largo de estos últimos cinco años entre el Grupo de Río y la Comunidad Andina fue elogiado como "una fructífera aproximación" que ha llevado a establecer mecanismos privilegiados de diálogo político y económico.
Los participantes en la cumbre se comprometieron igualmente a promover la pronta ratificación en los parlamentos de sus respectivos países de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Un tema nuevo incluido en la agenda del Grupo de Río fue el papel que debe jugar la cultura como factor de integración de las naciones latinoamericanas. La declaración final del encuentro insta a diseñar un plan de acción y cooperación en ese sentido.
El documento fue firmado por los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, el vicepresidente de Uruguay, el primer ministro de Trinidad y Tobago (en representación del Caribe) y el canciller de Costa Rica (por América Central).
El Grupo designó a la nueva troika del foro, que a partir de este miércoles está integrada por Bolivia, Paraguay y Panamá. La XI Cumbre del Grupo de Río se realizará en septiembre de 1997 en Asunción.
"Esto ha sido para Bolivia como la fiesta de una quinceañera a quien se la presenta a la sociedad. Hemos podido recibirlos a todos y tener una reunión muy fructífera", comentó Sánchez de Lozada al clausurar el encuentro realizado en el país más pobre del bloque. (FIN/IPS/jcr/dg/ip-if/96
