La renuncia de Humberto De La Calle a la vicepresidencia de Colombia fue interpretada por los analistas locales como una nueva crisis en la cúpula alejada de las preocupaciones de la sociedad y acosada por denuncias de vínculos con el narcotráfico.
"El deterioro de la situación nacional hace pensar que lo que está en juego es la propia viabilidad de la nación. La opinión pública ha perdido hasta su capacidad de asombro. El país, en fin, parece deshacerse a pedazos", afirmó De La Calle al renunciar el martes 10 ante el Congreso.
Con su gesto, el ahora ex vicepresidente pretende presionar al jefe de Estado Ernesto Samper para que lo imite y abandone la presidencia del país.
El hecho insólito de un vicepresidente enfrentado hasta la ruptura con su jefe de fórmula en la agitada segunda vuelta de la campaña presidencial de 1994 acaparó muchos titulares pero no conmovió a la gente del común.
Una encuesta realizada por el telenoticiero QAP parece confirmarlo.
Siete de cada diez personas consultadas en las cuatro principales ciudades consideraron que el principal problema de Colombia es la ofensiva guerrillera, 25 por ciento los problemas de los campesinos cultivadores de coca en el sur del país y sólo cinco por ciento la sucesión de De la Calle.
Al fin y al cabo, la alianza Samper-De la Calle fue una receta desesperada del gobernante Partido Liberal (PL) por prolongarse en el poder por un tercer cuatrenio consecutivo y para confirmar su tradicional mayoría electoral frente al sorpresivo avance de Andrés Pastrana, del Partido Conservador (PC).
Ya en las internas del PL, Samper y De la Calle habían sido los más encarnizados contendores. Antes de sellar el pacto que los conduciría al triunfo, De la Calle tuvo que retractarse de lo que había juramento públicamente: "Nunca apoyaré a Samper".
Haberse convertido en la piedra en el zapato de Samper durante los dos años que van del gobierno, incluidos los nueve meses que se desempeñó como embajador en España en una suerte de exilio voluntario concertado, apenas confirmaron que esa era una pareja dispareja.
Por eso el "matrimonio indisoluble" del que habló Samper en el fragor de otra de las muchas crisis que han marcado su mandato se rompió estrepitosamente el día 10.
Para algunos, la dimisión de De La Calle es tardía. Tanto con respecto a su liderazgo en la concertación del gobierno de unidad nacional que propone en caso de una terminación anticipada del período de Samper, como para sus probables aspiraciones a la sucesión en 1998.
El senador conservador Juan Camilo Restrepo, reconocido líder de la oposición parlamentaria a Samper, afirmó que con la renuncia "perdió De La Calle porque su gesto es inútil".
Alvaro Valencia Cossio, también del PC, cree que al contrario de lo que se proponía con su dimisión, De La Calle "permitió que nombren en su reemplazo a un amigo de Samper".
Emilio Lébolo, presidente de la Dirección Nacional Liberal, máxima instancia del partido en el poder, definió el perfil que deberá tener el reemplazo de De La Calle: "Leal al presidente y coincidir con sus programas de gobierno".
Otros, en cambio, opinan que, aunque tarde, De La Calle logrará que su propuesta aglutine a sectores económicos, fracciones del Partido Conservador, minorías parlamentarias y grupos extraparlamentarios opositores a Samper que hasta ahora han actuado dispersa y desarticuladamente.
En ese bando estaría Andrés Pastrana, el candidato derrotado por la fórmula Samper-De La Calle en 1994.
"Quienes tenemos una responsabilidad, quienes hemos optado por ser servidores de nuestra república hemos de unirnos", afirmó Pastrana en una carta en la que hace un diagnóstico coincidente con el del ex vicepresidente.
"La situación del país está tocando sus extremos de peligro. Es la hora de convocarnos sin exclusión a cerrar filas. Construyamos una agenda común", afirmó Pastrana al proponer un pacto por Colombia que equivaldría al gobierno de unidad nacional que plantea De La Calle.
Otro punto de encuentro de De La Calle y Pastrana, como puntales de una nueva ofensiva por la dimisión de Samper, es el destaque de los aportes del Cártel de Cali a la campaña liberal.
Tras su derrota en las elecciones de 1994 Pastrana ese hecho y ahora lo confirma, sin ambages, De La Calle.
"Sí, tengo la convicción de que hubo dinero del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper", dijo De La Calle minutos después de su dimisión.
Pero eso no es una novedad para la mayoría de colombianos que durante las dos últimas décadas han visto que los grandes, medianos y pequeños mafiosos han sido aliados de los grandes, medianos y pequeños caciques electorales.
También que el narcotráfico, como fenómeno económico, ha sido menos excluyente que la economía formal, a la que también ha nutrido con gigantescas operaciones de "lavado".
En los últimos años, en la mitad selvática del país del país, las sureñas cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, la hoja de coca, que apenas era un cultivo para la escasa demanda ritual de los indígenas, se tragó los plantíos de yuca y plátano.
Ello se debió a que los narcotraficantes regalan la semilla, financian el cultivo, la compran en el sitio y la pagan de contado.
Dos cosechas al año de una hectárea de coca son hasta 500 veces más rentables que una de yuca o plátano, sin contar dificultades de crédito, falta de carreteras y cadenas de mercadeo.
Por eso desde hace mes y medio, unos 100.000 labriegos de la hoja de coca se levantaron en marchas de protesta en los departamentos de Putumayo, Guaviare y Caquetá contra la política gubernamental de erradicación, mediante fumigación, de los cultivos ilícitos.
El ministro del Interior Horacio Serpa dijo el martes 10 ante el Congreso que, según estadísticas estadounidenses, existen en Colombia 56.000 hectáreas sembradas de hoja de coca.
Sus cultivadores son en su mayoría colonos expulsados del centro del país durante la época conocida como de "la violencia" entre liberales y conservadores, a mediados del siglo, que dejó 300.000 muertos, según los historiadores.
En épocas más recientes también hubo desplazados por las campañas de contrainsurgencia y operaciones de guerra sucia y bandas paramilitares.
De acuerdo con datos del Episcopado, en la última década 600.000 campesinos tuvieron que abandonar sus parcelas.
Las protestas han enfrentando a los soldados con la población civil, dispuesta "a jugarse la vida", según una frase reiterada entre los manifestantes.
Permitieron, además, el reacomodo de la guerrilla, que entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional sumaría unos 10.000 hombres, 105 frentes y presencia en unos 600 municipios, la mitad del país, según estudios gubernamentales.
"Estamos en guerra, de eso nadie se equivoque", declaró el comandante del Ejército, Harold Bedoya, al comentar la muerte de 46 soldados en dos ataques guerrilleros a bases militares de Guaviare y Putumayo la primer seemana de este mes.
Las comunistas FARC tienen 60 soldados rehenes del ataque al puesto Las Delicias, en Putumayo, y aún no hay acuerdo para que la Cruz Roja Internacional sea el intermediario para su entrega. Los insurgentes buscarían internacionalizar el conflicto y el gobierno se resiste.
En las zonas de cultivo de coca la influencia insurgente es tradicional. Con insistencia la cúpula militar ha denunciado la financiación de la guerrilla a los paros campesinos y reitera la categoría de narcoguerrilla para mostrar la alianza con los cárteles de la droga.
El mapa de los ataques insurgentes muestra tomas de pueblos, bloqueos de carreteras, incendio de autobuses, secuestros, y contactos con patrullas militares y de policía en 16 de los 32 departamentos del país.
El balance es un centenar de soldados y policías muertos y una cifra "muy alta" pero no precisada de bajas guerrilleras.
Por lo pronto, en Bogotá la discusión se centra en quién será el vicepresidente que designe el Congreso, cuya autonomía en el procedimiento no es obstáculo para concertar criterios con el Poder Ejecutivo.
Hay más de diez candidatos postulados aunque sólo uno, el ex canciller y actual embajador en Londres, Carlos Lemos, sumaría al consenso parlamentario el beneplácito de Samper y el visto bueno de Estados Unidos.
Lemos, un intelectual que representa el ala de derecha del PL, se ha caracterizado por sus posiciones contra la guerrilla y a favor de la extradición de narcotraficantes, elementos que vendrían como anillo al dedo a Samper, asediado por esos flancos.
Pero esos son escenarios que se vislumbran sobre todo en las cúpulas de los partidos y en conciliábulos restringidos que a lo largo de las últimas décadas más parecen haber detentado franquicias políticas que consolidar colectividades democráticas con base social real. (FIN/IPS/mig/dg/ip/96
