Estados Unidos comenzará a fines de octubre la entrega a Colombia de 12 helicópteros de combate para operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla, a pesar de las dudas de algunos congresistas y la oposición de activistas de derechos humanos.
Miembros del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtieron el miércoles 11 que la venta de esos helicóperos Black Hawk podría perjudicar el control civil sobre las actividades militares y sumar una nueva amenaza a los derechos humanos en Colombia.
Pero la propuesta presentada por el gobierno de Bill Clinton fue apoyada por la mayoría de los integrantes del mismo comité, que admitieron la necesidad de suministrar armas a Colombia para combatir la producción y el tráfico de drogas.
Algunos legisladores opinaron incluso que la venta prevista no será suficiente para equipar a los policías y militares colombianos contra los narcotraficantes y guerrilleros que, según funcionarios de Washington y Bogotá, han conformado un "tercer cártel" de la droga.
En opinión de esos congresistas, la administración de Clinton debe aumentar la venta de material bélico al Ministerio de Defensa de Colombia.
Por su parte, los críticos del proyectado contrato de venta creen que no se dispone de suficientes garantías ante el riesgo de empleo de los Black Hawk, que estarán armados de ametralladoras, contra civiles.
Al respecto, Robin Kirk, de la organización Human Rights Watch/Americas, afirmó a IPS que los militares colombianos presentan "los peores antecedentes en América Latina" en materia de agresión a los derechos humanos.
Los activistas opuestos a la venta de los Black Hawk reconocen la participación de guerrilleros en la producción y tráfico de drogas en Colombia, aunque puntualizan que los vínculos entre los narcotraficantes y las fuerzas de seguridad son aun más profundos.
También se manifestaron soprendidos ante la ausencia de toda mención en el Comité de Relaciones Exteriores de esa complicidad, "ampliamente conocida".
"La policía y las Fuerzas Armadas (de Colombia) no pueden enfrentar plenamente la amenaza de la droga sin la ayuda estadounidense", afirmó ante el comité Robert Gelbard, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Narcotráfico Internacional.
Las fuerzas de seguridad colombianas "carecen de medios para trasladar de modo seguro personal al área de operaciones", y por eso intentan adquirir al menos 12 helicópteros Black Hawk, dijo Gelbard.
Agregó que la compra, que tendrá un costo de 107 millones de dólares, ya fue autorizada por el Poder Legislativo colombiano.
El contrato también fue aprobado por el gobierno de Clinton y no exige la intervención del Congreso de Estados Unidos.
Pero Peter Romero, de la oficina para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, explicó que la administración busca "un acuerdo de caballeros" con líderes del Congreso antes de proceder a la venta.
Romero calculó que, a juzgar por la favorable acogida que el comité de Relaciones exteriores concedió a la propuesta, el acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso se logrará a fines de septiembre.
De ese modo, los primeros helicópteros serían enviados a Colombia a fines de octubre, aunque el embarque sólo podrá completarse dentro de un año, debido a que varios aparatos comprometidos deben ser fabricados.
"La venta de los helicópteros parece ser la decisión correcta", declaró el congresista republicano Dan Burton.
Pero Burton se preguntó si los aparatos escogidos son adecuados al propósito perseguido y pidio a la administración de Clinton que suministre a Colombia "las armas que necesite para combatir a los narcotraficantes y a los guuerrilleros que los protegen".
En respuesta a la solicitud de Burton de aumentar a 23 la cantidad de helicópteros comprendidos en el contrato, Gelbard puntualizó que el presupuesto para el año fiscal de 1997, que comienza el 1 de octubre, sólo prevé la asignación de recursos para la venta de 11 aparatos.
Mientras tanto, el congresista demócrata Jersey Robert Menéndez objetó la venta directa de los helicóperos a las Fuerzas Armadas colombianas pues, a su juicio, ese hecho podría afectar el control de las autoridades civiles sobre los militares.
Menéndez destacó que la venta se discute en momentos en que el Congreso colombiano considera un proyecto de ley para ampliar la impunidad penal de la que ya disfrutan los militares.
En respuesta, Gelbard admitió que el proyecto considerado por el parlamento colombiano "puede afectar en gran medida el esfuerzo por asegurar el respeto por los derechos humanos".
No obstante, desestimó el temor de deterioro del control civil sobre el sector castrense. "El ministro de Defensa de Colombia es civil", y la administración de Clinton "trabaja de acuerdo con él", dijo Gelbard.
Además, miembros del Comité de Relaciones Exteriores expresaron preocupación ante la eventualidad de que el uso de los helicópteros en operaciones de contrainsurgencia resulte en violación de derechos humanos.
Funcionarios estadounidenses y colombianos arguyen que, dada la participación de grupos insurgentes en el tráfico de drogas, es difícil a veces distinguir entre operaciones contra la droga y contra los rebeldes.
Gelbard se comprometió a mantener informados a los líderes del Congreso acerca del empleo de los aparatos. Las fuerzas de seguridad de Colombia afirmaron al Comité de Relaciones Internacionales que disponen de mecanismos adecuados para controlar el uso de los Black Hawk.
La mayoría de los integrantes del comité consideraron satisfactorias las seguridades ofrecidas por la administración de Clinton y Colombia, pero los grupos defensores de los derechos humanos manifestaron escepticismo.
"Los peores antecedentes en América Latina en materia de derechos humanos, peor aun que en Perú, Argentina y Guatemala, corresponden a los militares colombianos", afirmó Kirk, de Human Rights Watch/ Americas.
La activista declaró que la Casa Blanca "desconoce voluntariamente los problemas de derechos humanos en Colombia".
Kirk arguyó que los militares colombianos pretenden "lanzarse sobre las guerrillas", y para ellos, la guerra contra el narcotráfico "es, en el mejor de los casos. una preocupación secundaria".
Coletta Younger, de la Oficina de Washington sobre América Latina, opinó que los funcionarios colombianos utilizan la participación de los rebeldes en el tráfico de drogas como excusa para aumentar su esfuerzo contrainsurgente.
Aunque es cierto que los insurgentes colaboran con el tráfico de drogas en algunas regiones del país, la distinción entre guerrilla y narcotráfico es clara "en grandes áreas" de Colombia, dijo Younger a IPS.
La experiencia recogida sugiere "que los helicópteros serán usados para atacar poblaciones civiles en esas áreas", agregó.
Younger consideró "ridículo" considerar a las guerrillas "el tercer cartel" de la droga, especialmente cuando es "ampliamente sabido en Colombia que "los militares están aliados con el Cártel de Cali y la policía tiene vínculos con el Cártel de Medellín". (FIN/IPS/tra-en/pz/yjc/ff/ip hd/96
