Representantes de los países del Norte y del Sur negociaron sin éxito esta semana en vista de la Cumbre sobre la Alimentación convocada por FAO y trascendió que uno de las principales obstáculos lo constituyó la deuda externa.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) los convocó para redactar los borradores de las declaraciones que deberán aprobar los jefes de Estado y de gobierno en la Cumbre, que tendrá lugar del 13 al 17 de noviembre en Roma
Pero a pesar de intensas negociaciones, iniciadas el lunes y que debían concluir este viernes, debieron postergar las reuniones hasta el próximo lunes, cuando esperan llegar a la redacción final de la Declaración Política y del Plan de Acción.
Aunque los representantes de los gobiernos, reunidos en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, se abstuvieron de formular declaraciones, trascendió que uno de los puntos fundamentales del desacuerdo radica en la deuda externa.
El Grupo de los 77 (G-77), al cual pertenecen los países del Tercer Mundo, planteó que la Cumbre debe declararse explícitamente de acuerdo en la renegociación, por estimar que el actual sistema de pago le impide a esos países destinar los recursos suficientes en favor de los más pobres.
Los países desarrollados que integran la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se han negado hasta ahora a que la Cumbre se declare en favor de la renegociación, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
También hay divergencias sobre el comercio internacional, sobre lo cual los países ricos quieren insistir en un siempre mayor liberalismo y una más grande apertura, mientras que el G-77 es partidario de señalar la necesidad de un mayor control y denunciar sus aspectos negativos.
Por el contrario, existe amplio consenso en que la seguridad alimentaria debe ser declarada un derecho humano fundamental.
Los representantes de los gobiernos se han negado a comentar públicamente las discusiones que han provocado los objetivos que se debe proponer la Cumbre, a la espera de que se llegue a un acuerdo, antes de dar una opinión.
Teóricamente, al menos, la reunión del Comité es la última oportunidad que tienen los gobiernos para llegar a un acuerdo antes de la realización de la Cumbre, aunque están en capacidad de decidir otras instancias.
Para tratar de superar las divergencias, se crearon comités de trabajo que sesionaron durante este viernes y continuarán este sábado y el lunes, cuando una sesión plenaria deberá aprobar los documentos de la Cumbre.
El G-77 había previsto la situación creada, ante lo cual propuso a la OCDE, que representa a los países desarrollados, la celebración de una reunión previa al Comité de Alimentación Mundial, lo que no prosperó.
Sin embargo, se estima que al final llegarán a un acuerdo o deberán crear otros mecanismos para seguir estudiando los proyectos de declaraciones que debe aprobar la Cumbre.
No resulta posible que los jefes de Estado y de Gobierno se pongan a discutir este punto, ya que, como ocurre siempre en estos casos, se limitan a la firma de los documentos, manifestaron fuentes de la FAO.
Los representantes de los gobiernos recibieron además las propuestas aprobadas por las organizaciones no gubernamentales (ONG), pertenecientes a 70 países de todas las regiones del mundo, que se reunieron en la sede de la FAO la semana pasada.
Las ONG plantearon que la Cumbre debe sobre todo establecer un mecanismo de control para que los acuerdos se lleven realmente a la práctica y no se queden sólo en buenas intenciones, como ocurrió en la anterior Cumbre de FAO en 1974.
En esa oportunidad se fijó como objetivo terminar con el hambre, pero más de 20 años después no sólo no se ha superado, sino que ha aumentado, afirmaron.
En una declaración final, las ONG señalaron que la pobreza es una consecuencia de la distribución desigual de la riqueza, del intercambio poco equitativo entre el Norte y el Sur, y de la aplicación de políticas macroeconómicas inadecuadas en los países en desarrollo.
Además, plantearon la necesidad deque las naciones desarrolladas cumplan sin tardanza con la meta fijada por las Naciones Unidas, de asignar al desarrollo del Tercer Mundo 0,7 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Sostuvieron que la liberalización del comercio, uno de los puntos de desacuerdo, no es la solución al problema de la seguridad alimentaria y sobre la deuda externa, consideran que se debe proceder a su cancelación, según acordó la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague de 1995.
Finalmente, las ONG manifestaron que la seguridad alimentaria es un derecho humano que debe ser prioritario frente a los intereses macroeconómicos y comerciales, el militarismo y los dictados del mercado. (FIN/IPS/jp/ag/dv/96
