El fusilamiento de dos reos condenados por la violación y asesinato de una niña de cuatro años en 1993 fue suspendido este martes por segunda vez, suscitando protestas de partidarios de la aplicación de la pena capital.
La suspensión se produjo en la madrugada de este martes dos horas antes de la fijada para la ejecución, "por una falla en el proceso de notificación".
El canciller Eduardo Stein dijo que la noche del lunes recibió en su domicilio particular "una comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se solicita que se interpongan medidas cautelares a favor de los reos en tanto examinan el expediente que se les envió".
"Sin embargo, según me informó el Ministro de Gobernación (Interior), la ejecución fue suspendida por razón de una falla en el proceso de notificación, así que ahora lo que está vigente es una situación de derecho interno", indicó.
El tema de la pena de muerte ha acaparado la atención de los guatemaltecos que, agobiados por la ola de delincuencia, robos asesinatos, secuestros, violaciones, apoyan en su mayoría la aplicación de ese castigo. Sondeos revelan que 80 por ciento de la población se pronuncia en ese sentido.
Los reos Roberto Girón y Pedro Castillo, que guardan prisión en la Granja Penal Canadá en el sureño departamento de Escuintla, debían ser fusilados el 23 de julio, pero la sentencia fue pospuesta por dos amparos presentados por los abogados.
Los condenados ya habían agotado todos los recursos, incluso les fue denegado el indulto presidencial y tampoco fue atendido el pedido de clemencia del Papa Juan Pablo II.
En la tarde del lunes fue fijada nuevamente la hora de la ejecución para este martes a las 12 gmt luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazara dos recursos que abogados independientes interpusieron ante ese máximo tribunal.
Los dos reos fueron encontrados culpables en todas las instancias legales de secuestrar, violar y asesinar a la niña Sonia Marisol Alvarez en abril de 1993 en un área rural.
Uno de sus abogados dijo que no interpondrá más recursos a favor de los sentenciados porque ha recibido amenazas de muerte y llamadas telefónicas del Poder Judicial pidiéndole abstenerse respecto al caso.
"Que los fusilen. Espero que violando la Constitución los problemas del país terminen. Que se acabe la pobreza y que cambien los problemas nacionales matando a estos dos", enfatizó el abogado en declaraciones al matutino Siglo Veintiuno.
La Constitución de Guatemala contempla la pena de muerte. En este siglo fueron fusiladas 48 personas, la mayor parte de ellas bajo la dictadura del general Efraín Ríos Montt.
El Procurador General de la Nación, Acisclo Valladares, un entusiasta defensor de la pena de muerte, dijo que la sentencia decretada contra Castillo y Girón se convirtió en "una agonía prolongada" por la cantidad de recursos que presentaron los abogados, pero que de todos modos "deberá ejecutarse".
"Es importante comprender que la suspensión de la ejecución no significa dejar en libertad a los condenados. Sólo se ha ordenado la suspensión temporal hasta que se clarifique si hubo errores en el proceso", aclaró Frank Larué, del Centro de Atención Legal en Derechos Humanos, que pidió las medidas cautelares.
Como la pena de muerte es una pena excepcional debe cumplirse de forma también excepcional con todos los requisitos del debido proceso, indicó, precisando que los reos no tuvieron acceso a plena defensa durante el proceso. (FIN/IPS/cz/dg/pr-ip/96
