La justicia de Ecuador inició investigaciones sobre las denuncias contenidas en el libro de un ex agente policial que narra una serie de crímenes de Estado cometidos durante el régimen de León Febres Cordero (1984-88).
El Fiscal General de Ecuador, Fernando Casares, y el comandante de la policía, Marco Hinojoza, se desplazaron este jueves a la base policial de Pusuquí, donde supuestamente se encontraría un cementerio clandestino utilizado en el gobierno de Febres Cordero.
Pusuquí se ubica 30 kilómetros al norte de Quito y es una de las dos fosas clandestinas que fueron empleadas por el cuerpo antisubversivo SIC-10 para sepultar a presuntos miembros del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo de Ecuador y del M-19 de Colombia, según denunció España en el libro "El Testigo".
"El objetivo de esta diligencia es ubicar el lugar donde está el supuesto cementerio que denunció el ex agente", comentó Casares, "y posteriormente iniciaremos los trabajos técnicos necesarios, una vez que el juez de turno dé su aprobación".
El chileno Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), señaló este jueves la necesidad de contar con la presencia de expertos de las Naciones Unidas para los trabajos antropológicos y de excavación.
Según el secretario general de la ALDHU, "si se comprueba la existencia de un cementerio y se comienza a excavar sin conocimientos técnicos, se pueden destruir las pruebas, lo que haría imposible la identificación, que es lo importante".
En el caso de los cementerios clandestinos, que son sólo una parte de las denuncias de España, "podemos contar con expertos que han trabajado en este tipo de casos en México, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina", dijo Parra.
Desde su lanzamiento a la luz pública, a fines de agosto, "El Testigo", acaparó la atención de la sociedad ecuatoriana, por las puntuales denuncias sobre los crímenes de Estado supuestamente cometidos por los cuerpos de élite formados bajo las órdenes de Febres Cordero.
"No podemos creer las fantasías de un convicto con resentimientos políticos", señaló este jueves el diputado Mauricio Salem, jefe de bloque (encargado) del Partido Social Cristiano (PSC), que lidera el ex presidente y actual alcalde de Guayaquil Febres Cordero.
España, quien fue miembro del SIC-10, cumplió una condena de cinco años de prisión por estar involucrado en la tortura y asesinato de los hermanos Andrés y Santiago Restrepo, de 14 y 17 años de edad respectivamente, que se cometió en 1988.
En su cautiverio, el ex agente especial redactó "El Testigo".
Actualmente España se encuentra fuera del país por motivos de seguridad, según el vocero de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Alexis Ponce, quien colaboró en la edición del libro.
"Yo lo mandé a la cárcel", apuntó Parra al recordar que España confesó su participación en el caso de los hermanos Restrepo, "a pesar de que sus declaraciones ayudaron a esclarecer los hechos en aquel entonces, él estaba involucrado y mereció el castigo de la justicia".
Según Parra, con este libro, al parecer, "España está dispuesto a esclarecer las supuestas atrocidades cometidas en ese período de la historia", pero si se comprueba su participación en estos actos, deberá enfrentarse nuevamente a la justicia.
"Más allá de la discusión sobre si es verdad o mentira lo que afirma España, este caso demanda una investigación profunda", señaló Parra, para quien "necesitamos un baño de verdad que será bueno para toda la sociedad e incluso para la misma policía". (FIN/IPS/mg/jc/hd/96
