El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, España, amplió una denuncia contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, actual jefe del Ejército, al acusarlo de concertarse con la dictadura argentina para delinquir.
La denuncia, que alcanza también a los principales colaboradores de Pinochet, fue interpuesta el 4 de julio y aceptada el 25 de ese mes por la Audiencia Nacional, organismo judicial competente para atender casos de crímenes contra la humanidad, genocidio y terrorismo.
Una vez aceptada a trámite la denuncia, varios millares de ciudadanos chilenos otorgaron poderes a los Procuradores de los Tribunales de Madrid que representan en España a los familiares de las víctimas, informó a IPS el denunciante.
En el proceso pueden constituirse como parte los familiares de los detenidos-desaparecidos y asesinados, así como quienes sobrevivieron a campos de detención, concentración o centros de torturas, los relegados u obligados al exilio.
También aquellos cuyos patrimonios fueron confiscados por la Junta Militar, cualesquiera sea su nacionalidad o su residencia actual, añadieron fuentes ligadas a los Procuradores.
En la ampliación de la denuncia hecha este miércoles se acusa a la Junta Militar de Chile de concertarse con su homóloga argentina en la "Operación Condor".
Esa operación fue detectada por el agregado legal de la embajada de Estados Unidos en Argentina, en 1976, al investigar en ese país las relaciones con el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, cometido ese año en Washington.
En la ampliación de la querella también se incluye el asesinato en Argentina del ex presidente de Bolivia, general Juan José Torres, en junio de 1976, y el de dos parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Diputados hasta el golpe de Estado de 1973.
Los procuradores señalan que el centro inspirador y organizativo de la "Operación Cóndor" estuvo en Santiago de Chile, bajo el mando de los querellados: Pinochet, Gustavo Leigh y César Mendoza.
La querella contra el cuarto enjuiciado, almirante Toribio Merino, prescribió por el fallecimiento de éste.
Por otro lado, diputados socialistas en el parlamento de Valencia solicitaron que el gobierno de esa región española también se apersone en el juicio, ejerciendo la acción pública contra los acusados, como responsables de crímenes de genocidio y terrorismo. (FIN/IPS/td/ag/ip-hd/96
