La acusación constitucional presentada por 11 diputados en Chile contra los jueces que aplicaron una ley de amnistía al asesinato del ciudadano español Carmelo Soria, divide a la oficialista Concertación por la Democracia.
Los partidos de la oposición derechista reiteraron a su vez el rechazo a la acusación formalizada este martes, que acusa a cuatro magistrados de "notable abandono de deberes" al desconocer convenciones de protección a diplomáticos.
Soria, secuestrado y asesinado en julio de 1976 por militares al servicio de la más tarde disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), era funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de Naciones Unidas.
La acusación fue suscrita por cinco diputados del Partido Socialista (PS), cuatro del Partido Por la Democracia (PPD) y dos del Partido Demócrata Cristiano (PDC), miembros de la coalición gobernante junto al Partido Radical Socialdemócrata.
El PS y el PPD anticiparon la semana pasada su disposición a acusar al juez Eleodoro Ortiz, quien instruyó el proceso y falló en favor de la amnistía, así como a los magistrados Enrique Zurita, Guillermo Navas y Hernán Alvarez, que ratificaron la sentencia.
La directiva del PDC, en cambio, señaló a través de una declaración oficial que reprobaba la impunidad en que queda el asesinato de Soria, pero estimó improcedente que se acusara a los magistrados ante el parlamento.
Los magistrados se limitaron a aplicar la ley de amnistía que la dictadura del general Augusto Pinochet expidió en abril de 1978, y que cubrió los crímenes contra los derechos humanos desde 1973 hasta esa fecha, señaló el PDC.
El hecho de que dos diputados de ese partido, Gabriel Ascencio y Erick Villegas, hayan suscrito el libelo acusatorio demuestra las divisiones respecto de esta materia en el principal partido de gobierno, al cual pertenece el presidente Eduardo Frei.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno, José Joaquín Brunner, reiteró a su vez en la noche del martes que el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con la acusación constitucional y la calificó de "poco adecuada".
Brunner, cuyo cargo equivale al de portavoz presidencial, señaló que a juicio del gobierno el trámite judicial está agotado y que corresponde buscar otras vías de reperación para la familia del asesinado funcionario de Naciones Unidas.
Carmen Soria, hija del ciudadano español, es sin embargo la más declarada partidaria de someter a los magistrados a juicio político y se encargó personalmente de promover la acusación entre los líderes de los partidos oficialistas.
Los 11 diputados que firmaron el libelo respaldan la tesis de que las convenciones internacionales suscritas por el estado chileno de protección a funcionarios con rango diplomático prevalecen sobre una ley interna, como la de amnistía.
Los desacuerdos frente a la acusación no sólo se producen en el PDC, sino también en el PPD, donde el senador Roberto Muñoz Barra anticipó que votaría en contra.
El procedimiento para estos casos señala que la acusación debe ser votada primero en la Cámara de Diputados, y sólo si es aprobada allí por la mayoría de los parlamentarios, pasará a consideración del Senado.
La cámara alta pasa a ser el tribunal de última instancia y si acoge por mayoría la acusación, los jueces deben ser de inmediato destituidos de sus cargos.
Tal posibilidad es difícil, ya que en el Senado la derecha tiene mayoría, gracias a los miembros designados de esa cámara, y se estima que tampoco el PDC dará los votos necesarios para que la acusación pase su primera valla en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es mayoría. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-ip/96
