La Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos de Brasil dictaminó que el Estado es responsable por la muerte de los líderes guerrilleros Carlos Marighella y Carlos Lamarca y debe indemnizar a sus familiares.
El general Osvaldo Gomes, uno de los dos miembros la Comisión que votó en contra, consideró el dictamen como "un grave error político y una provocación a las Fuerzas Armadas".
En la Comisión de siete miembros, creada el año pasado y vinculada al Ministerio de Justicia, están representados los movimientos de desaparecidos políticos, el Colegio de Abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos, además de las Fuerzas Armadas.
El caso Lamarca provocó las mayores reacciones entre los militares, porque se trata de un capitán del Ejército, que desertó en enero de 1969 para unirse a grupos guerrilleros urbanos que desafiaban el régimen castrense implantado en 1964, atacaron cuarteles y mataron algunos soldados.
Lamarca, jefe de la Vanguardia Popular Revolucionária, fue muerto de siete tiros, la mayoría en la espalda en septiembre de 1971, junto con Jose Campos Barreto, en el interior del nororiental estado de Bahia.
Estaba en condiciones precarias de salud y una autopsia indicó que probablemente no estaba en condiciones de resistir.
Marighella, líder de Acción Libertadora Nacional y disidente del Partido Comunista, murió cercado por la policía política en noviembre de 1969, cuando debía encontrarse con sacerdotes católicos que apoyaban a su grupo, que, como el de Lamarca, había iniciado acciones de guerrilla urbana el año anterior.
En los dos casos la Comisión Especial concluyó que hubo ejecución, ya que ninguno de los dos dirigentes estaba en condiciones de resistir y fueron muertos tras ser dominados por los militares o policías.
En respuesta al general Gomez, el presidente de la Comisión, Miguel Reale Junior, aclaró que no estuvieron en juicio los actos de Lamarca y Marighella, "si ellos son héroes o traidores", sino las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Y se concluyó que murieron cuando había "dominio absoluto de la situación por las fuerzas oficiales", determinando la responsabilidad del Estado por la vida de personas prácticamente bajo su custodia.
Con este fallo se elevan a 236 los casos de desaparecidos y muertos políticos en los que se reconoce la responsabilidad del Estado y el derecho de sus familias a una indemnización de 100.000 a 150.000 reales (prácticamente igual a dólares), según edad, profesión y otras condiciones del muerto. (FIN/IPS/mo/ag/ip-hd/96
