Familiares de españoles desaparecidos bajo la última dictadura militar argentina (1976-83) reaccionaron con satisfacción ante la decisión de la justicia del país europeo de pedir declaración a 70 acusados de violaciones a los derechos humanos en esa época.
En la lista figuran los comandantes militares del régimen castrense, entre los cuales un actual gobernador provincial.
Juan Aver, abogado de uno de los acusados -el ex capitán Alfredo Astiz- opinó en cambio que la determinación judicial "debe estar dentro de un plan de acción de la izquierda, que quiere continuar con sus revanchismos, sus odios y sus venganzas".
En diálogo con IPS, la española María Consuelo Castaño Blanco, secuestrada en 1979 y liberada en 1983, y esposa de un desaparecido argentino, dijo que la decisión del juez Baltasar Garzón "gratifica y llena de esperanzas" a los familiares de las víctimas.
Castaño habló en nombre de los secuestrados españoles durante la dictadura, de los sobrevivientes como ella y de sus familias.
Del total de desaparecidos en Argentina -unos 30.000 según los organismos humanitarios- 27 nacieron en España y cerca de 200 cuentan con doble nacionalidad, argentino-española.
Pese a que en Argentina rigen las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y los condenados fueron beneficiados con un indulto presidencial, la Unión Progresista de Fiscales de España intervino ante la justicia de su país para que se investigue la suerte de los españoles víctimas de militares argentinos.
El juez Garzón asumió la denuncia y este jueves anunció su decisión de enviar un cuestionario a 70 imputados argentinos, advirtiendo que si se niegan a declarar librará una orden de búsqueda y captura internacional a través de Interpol.
Entre los imputados, además de los ex comandantes protagonistas del golpe de 1976 y los integrantes de las sucesivas juntas que asumieron el gobierno del país por la fuerza durante siete años, también hay militares acusados de asesinatos, secuestros o torturas, como Astiz.
Destaca igualmente el actual gobernador de la provincia de Tucumán, el general Antonio Bussi, acusado de graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen. Bussi fue electo gobernador en 1995.
Tampoco faltan en el listado los nombres de médicos acusados de asistir a los torturados en los 340 centros clandestinos de detención que funcionaron en este país, según el informe realizado tras la caída del régimen por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
Madrid ya advirtió que podría pedir a Argentina la extradición de los militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos y luego liberados.
Astiz fue exento de proceso en Argentina pero juzgado en ausencia en Francia, donde fue hallado culpable del secuestro y asesinato de dos religiosas de esa nacionalidad y condenado a cadena perpetua.
Por esa causa, el ex capitán tiene pedido de captura internacional y pasó a retiro este año, pero no está preso.
El abogado de Astiz estimó este jueves que el dictamen del juez va en contra de la llamada "pacificación que con tanto acierto y tan buen criterio propugnó el gobierno argentino y especialmente el presidente Carlos Menem".
Aver consideró que deberá conocer los fundamentos del dictamen para decidir si su cliente se presentará o no en Madrid, pero recordó que en Argentina las leyes lo liberaron y trató de justificar la conducta de Astiz al declarar que era "un joven de 24 años que cumplía órdenes de realizar tareas de inteligencia". (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/96
