La justicia de España resolvió citar a declarar como imputados a ex dictadores de Argentina y lo haría con el chileno Augusto Pinochet, por violaciones de los derechos humanos, y si se niegan a comparecer podría requerirlos a nivel internacional, lo que les impediría salir de sus países.
Medidas similares podrían aplicarse, según fuentes de la magistratura, también a violadores de los derechos humanos de otros países.
El juez Baltasar Garzón citó a declarar como imputado por delitos de secuestro, tortura, desaparición y asesinato, el jueves, al ex general y ex dictador argentino Jorge Rafael Videla y a toda la cúpula militar y policial que usurpó el poder en Argentina entre 1976 y 1983.
La misma medida podría dictar otro juez de la Audiencia Nacional, que instruye un proceso similar contra el todavía general y ex dictador chileno, Augusto Pinochet, y quienes lo secundaron durante su gobierno de facto (1973-89).
Los acusados, señala Garzón en el auto de procesamiento, podrán declarar en España o en su país, en este caso ante la autoridad judicial pertinente.
Ambos juicios fueron iniciados por demandas de la Unión Progresista de Fiscales, a las que se van agregando las de los afectados y familiares de las víctimas.
El miércoles 11 se presentó y fue aceptada como parte en la causa contra Pinochet la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, presidida por Sola Sierra y que representa en Chile a miles de damnificados.
El convenio hispano-chileno de doble nacionalidad firmado en 1958 establece en su artículo séptimo que cualquier chileno, resida o no en España, podrá ser parte en juicios ante la justicia española, gozando de los mismos derechos que un ciudadano español.
En el auto dictado por Garzón el jueves 12 por la desaparición y muerte de 300 españoles en Argentina, el juez intima a los acusados a que expresen si desean trasladarse a España para declarar o si prefieren declarar en su país.
Si, como es previsible, según fuentes de la acusación, optan por no declarar, ni en Argentina ni en España, Garzón dictará contra ellos orden de búsqueda y captura, a cargo de Interpol.
Según los acusadores, no valen las fronteras nacionales a la hora de juzgar delitos "universales", como son considerados el genocidio, el terrorismo, la piratería, la falsificación de moneda, el tráfico ilegal de drogas y la "trata de blancas".
Entre los acusadores hay reputados juristas, como el Fiscal Jefe de los Tribunales de Valencia, Miguel Miravet.
El abogado Manuel Murillo, quien entre 1972 y 1975 defendió a ciudadanos procesados por los Tribunales de Orden Público de la dictadura franquista, y que representa a los acusadores de Pinochet, considera que "los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles en Derecho Internacional".
Con o sin declaración de los imputados, los dos jueces seguirán con la instrucción del proceso. Una vez concluido se abrirá el juicio oral.
Si en éste no se presentasen los acusados, el tribunal dejará en suspenso el juicio hasta que se presenten o sean detenidos. Lo que significa que se mantendrá la orden de captura contra ellos.
Eso ya sería un triunfo para los acusadores. Pero éstos entienden que los tiempos están cambiando y citan antecedentes que demuestran que es posible avanzar más. Un antecedente es el del nazi Erich Priebke, capturado en Argentina, extraditado y juzgado en Italia.
Otro, el del argentino José Siderman, secuestrado y torturado en Argentina en 1981, quien ha logrado tras 15 años el amparo de la justicia norteamericana, en una demanda contra el Estado argentino, por considerarlo subsidiariamente responsable de lo sufrido bajo la dictadura.
Las mismas fuentes señalan que se trata de una persona que no tiene ciudadanía norteamericana, que fue secuestrado y torturado fuera de Estados Unidos y que no obstante ha logrado el amparo de sus tribunales de justicia.
El diario The New York Times del 3 de septiembre informó que el gobierno argentino ofreció a Siderman un arreglo amistoso para que retire la demanda. Fuentes jurídicas españolas señalan que el ofrecimiento consistió en una indemnización de 50 millones de dólares.
Estos antecedentes son señalados por fuentes jurídicas de la acusación en España para indicar que los juicios contra los ex dictadores chilenos y argentinos y contra quienes torturaron, secuestraron y asesinaron, pueden terminar en algo más que en una orden internacional de búsqueda y captura.
"Están abiertas todas las posibilidades, excepto la del olvido o la impunidad", afirmó una fuente vinculada a la acusación. (FIN/IPS/td/jc/hd/96
