En un clima enrarecido por la ley Helms- Burton, incidentes diplomáticos y numerosos casos pendientes, Cuba y Estados Unidos parecen seguir de acuerdo en el tema migratorio.
Como un oasis en medio del desierto, los acuerdos migratorios firmados el 2 de mayo del año pasado se mantienen en pie con el objetivo de poner fin a la emigración ilegal de cubanos hacia Estados Unidos.
El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, afirmó este viernes que el documento mantiene su vigencia y, en general, los acuerdos se cumplen "por el reiterado interés de ambos países".
En virtud de los acuerdos, tres mujeres, dos hombres y un niño de seis años fueron interceptados en alta mar por el servicio de guardacostas de Estados Unidos y repatriados a Cuba este jueves.
La repatriación de los ilegales coincidió con la divulgación en La Habana de una nota de la Sección de Intereses de Cuba en Washington según la cual el gobierno de del país caribeño está dispuesto a normalizar las relaciones con Estados Unidos.
"Es el gobierno de Estados Unidos quien se ha negado y no desea tener relaciones normales, con su anacrónica política de bloqueo y agresiones", afirma el documento que responsabiliza a Washington de la incomunicación entre los dos países.
El deterioro en las relaciones incluyó la no renovación de visa de una diplomática estadounidense en La Habana, una respuesta similar del gobierno de Estados Unidos contra un representante cubano en ese país y una requisa aduanal realizada al embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, Bruno Rodríguez.
A pesar de todo esto, los acuerdos migratorios siguieron su curso y, según fuentes oficiales de La Habana, se han realizado 37 operaciones en poco más de un año y suman 418 los ilegales cubanos devueltos por las autoridades estadounidenses.
Con el objetivo de convertir la emigración cubana en un proceso normal, legal y regulado, Washington se comprometió a repatriar a la isla a todo cubano que intentara llegar a su territorio de forma ilegal.
En correspondencia, La Habana se comprometió a recibir a los emigrantes y no tomar ninguna represalia por el intento de salida ilegal del país, hecho que hasta la "crisis de los balseros" de agosto de 1994 era considerado como delito.
Los compromisos siguen vigentes "pese a las campañas manipuladoras que desde Miami intentaron estimular un éxodo masivo sobre todo este verano", afirmó Granma.
Las autoridades del país caribeño vieron la "mano enemiga" del ala radical del exilio cubano tras los rumores callejeros sobre una posible apertura de las fronteras cubanas como represalia oficial contra la ley Helms-Burton.
Expertos del Centro de Estudios de Estados Unidos en La Habana consideran que sólo la política interna antinmigrante del presidente Bill Clinton facilitaba el mantenimiento de los acuerdos con la isla, después del derribo de dos avionetas de un grupo de exiliados cubanos de Miami el 24 de febrero.
La acción puso fin a un incipiente proceso de distensión entre los dos países y condujo a la acelerada aprobación de la ley que endurece las condiciones del bloqueo estadounidense a Cuba.
Más allá de los rumores, los acuerdos parecieron caminar sobre una cuerda floja cuando, en julio, la Casa Blanca anunció que se estudiaba la posibilidad de otorgar asilo político al ex teniente coronel José Fernandez Pupo, quien secuestró una aeronave cubana para emigrar.
Sin embargo, Fernández Pupo permanece en el enclave militar que mantiene Estados Unidos en Guantánamo, en el este de Cuba, en espera de una decisión que oscila entre el asilo, la entrega a tribunales estadounidense o la repatriación.
Ricardo Alarcón, presidente del parlamento cubano y representante de La Habana en la firma de los acuerdos migratorios hace más de un año, afirmó que de cumplirse los acuerdos, el secuestrador tenía que ser repatriado.
Fuentes de la cancillería afirmaron que "de no tomarse medidas ejemplarizantes, Cuba consideraría que Estados Unidos está alentando la emigración ilegal". lo cual iría en contra de la esencia de los acuerdos.
La situación se complicó más aún con el caso pendiente de tres ciudadanos que, el 15 de agosto, secuestraron una avioneta de los servicios turísticos de Cuba y la desviaron hacia Estados Unidos.
Además, para sorpresa de las autoridades cubanas, según la cancillería, Estados Unidos decidió repatriar sólo a 16 personas de un grupo de 27 sobrevivientes de una embarcación que naufragó, el 12 de agosto, cerca de las costas de Florida.
Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó, entonces, que la admisión de ilegales cubanos en Estados Unidos "constituye una flagrante violación de los acuerdos migratorios" entre ambos países.
Sin embargo, Granma calificó la devolución del nuevo grupo de emigrantes como "otra ratificación" de la voluntad de ambos países por cumplir sus compromisos y eludió toda referencia a los casos pendientes. (FIN/IPS/da/ag/ip/96
