El presidente cubano, Fidel Castro, parece estar decidido a encabezar en persona "una batalla campal" contra la ilegalidad en Cuba de la cual no se salvan ni los propios dirigentes del Estado.
Entre los primeros signos se encontró la firma el 17 de julio pasado por la máxima dirigencia del país, incluído el propio Castro, de un Código de Etica que ahora se analiza y suscribe por todos los cuadros del Estado, en todos los niveles y territorios del país caribeño.
El vicepresidente Carlos Lage afirmó al presentar el documento que la dirección del país tiene el deber de trabajar para evitar "a cualquier precio" que a la salida de la crisis económica que vive la isla hace seis años aparezca "un problema no menos grave: la corrupción".
Anunciado como un "combate largo y difícil" contra cualquier manifestación de corrupción en todos los niveles del Estado, el código dio continuidad a una campaña oficial contra la prostitución, el proxenetismo, el acoso a extranjeros y otros fenómenos catalogados como "ajenos" al sistema socialista.
La atención parece dirigirse ahora hacia las manifestaciones delictivas. Aunque las cifras generales de delincuencia no suelen publicarse en Cuba, es de conocimiento generalizado que los delitos aumentaron en los últimos años con el avance de la crisis económica.
Los más de dos millones de habitantes de la capital cubana son testigos de un aumento de la violencia callejera y, aunque la inseguridad ciudadana no podría compararse con la que se registra en otras urbes del mundo, la mayoría de las personas ponen rejas en puertas y ventanas y evitan salir solas de madrugada.
Castro fustigó el pasado sábado 28 a quienes abusan de las bondades de la Revolución para dedicarse al delito e instó a evitar que la delincuencia se fortalezca.
En un discurso pronunciado en la ciudad de Sancti Spiritus, a 386 kilómetros de La Habana, en ocasión del 36 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el presidente cubano aseguró que esa organización logró reducir los delitos alrededor de diez por ciento el último año.
Los CDR, organización de masas que agrupa a unos ocho millones de cubanos, surgieron en los primeros momentos del gobierno de Fidel Castro como una forma de organizar la participación ciudadana para cuidar las calles, las instituciones del Estado y los enclaves económicos de sabotajes, asaltos y ataques.
"No podemos dormirnos en los laureles…no es posible que la delincuencia le gane la batalla a la sociedad", dijo Castro, y precisó que el enfrentamiento al delito se une a la lucha por el respeto a la ley.
El mandatario volvió sobre el tema de la vivienda a menos de un mes de haber planteado la necesidad de emprender una acción legal contra la venta de casas, un negocio muy rentable en la isla y que está prohibido por la ley.
"No es legal lo que un número de personas hace con las casas que le ha dado la Revolución", y aseguró que su gobierno convirtió en propietarios legales de sus viviendas a más de 80 por ciento de la población".
La vivienda es considerada uno de los más importantes problemas sociales no resueltos por el gobierno de Castro, aunque la política oficial parte del reconocimiento al derecho de toda familia a un hogar adecuado y no se reportan cifras de personas sin casa.
El ritmo constructivo no estuvo acorde con la demanda de viviendas por la población desde el pasado siglo y buena parte de las edificaciones, sobre todo en la capital, muestran hoy altos índices de deterioro, en algunos casos insalvables.
Amado Guntín, director jurídico del Instituto Nacional de la Vivienda, reveló el día 17 que en virtud de las leyes vigentes a finales de la pasada década se transfirió la propiedad de las viviendas estatales a sus usufructuarios y ocupantes legítimos, lo que convirtió en propietarios a 85 por ciento de las familias.
Sin embargo, aunque proscritas por la ley, la compra y venta de casas y apartamentos ocupa un puesto privilegiado entre las ilegalidades más comunes en la población cubana y en la cual puede involucrarse cualquiera que pueda pagar unos cuantos miles de dólares.
"Hay circunstancias en que la generosidad, paradójicamente, hace daño", acotó Castro, y comentó que a pesar de que la población recibe de manera gratuita servicios costosos como la salud, la educación y la seguridad social, hay quienes no trabajan y abusan.
Aunque Cuba nunca estuvo ajena a estos fenómenos, expertos locales asocian su aumento a los efectos de la crisis económica que afectó todas las esferas de la vida en la isla, incluyendo la social y cultural.
Las autoridades reconocen un deterioro de los valores más elementales en amplias capas de la población y los académicos estudian el fenómeno desde la perspectiva de la llamada "crisis de los paradigmas de izquierda", que sobrevino tras la caída del socialismo en la antigua Unión Soviética y en Europa del Este. (FIN/IPS/da/jc/ip/96
