La reciente ofensiva guerrillera, que dejó un saldo de 50 soldados muertos, llevó a las Fuerzas Armadas de Colombia al "banquillo de los acusados", en un debate en el que se cuestionó sus excesivos gastos presupuestales y su baja capacidad operativa.
En el Congreso, el diputado Manuel Vásquez, del opositor Partido Conservador (PC), pidió al ministro de Defensa Juan Esguerra la renuncia al cargo, por considerarlo responsable de que "las Fuerzas Armadas no tengan los recursos adecuados para contrarestar la ofensiva guerrillera".
Esguerra respondió que no renunciará "al fragor de la batalla", sino que lo hará "cuando el presidente", su conciencia o sus hijos así se lo indiquen.
En el sector privado las criticas surgieron en la Comisión del Gasto Público (órgano de consulta del gobierno del que forman parte representantes del empresariado y de la sociedad civil), que pidió congelar el gasto militar y hacer un alto para replantear la política de orden público.
"No podemos seguir en el circulo vicioso del galgo (los militares) que nunca atrapa a la liebre (la guerrilla)", señaló Gabriel Rosas, director de la comisión.
En opinión de Rosas el gasto militar debe ser congelado de inmediato hasta que las Fuerzas Armadas y el país "sepan para dónde van", pues sin administrar adecuadamente la guerra "no habrá presupuesto que resista".
La ofensiva guerrillera, que según Antonio Navarro, comandante del ex insurgente y legalizado M-19, es la más fuerte que se ha registrado en los últimos cinco años, se inició el 30 de agosto con el ataque al puesto militar Las Delicias, en el sureño departamento de Putumayo.
En el combate resultaron muertos 27 soldados, 20 heridos y más de 60 que fueron capturados como "prisioneros de guerra" aún estan en poder de los insurgentes.
Ese ataque demostró que "la guerrilla ha ascendido militarmente más que el ejército y tiene una ventaja transitoria" en el sur del país, invadido por los cultivos ilícitos y durante décadas olvidado por el Estado, afirmó Navarro.
El día 6 fue atacado otro puesto militar en el departamento de Guaviare, también en el sur, con un saldo de 24 soldados muertos.
Igualmente, la insurgencia ha realizado hostigamientos en 18 de los 33 departamentos del país, bloquendo varias vías y atacado la infraestructura de transporte de petróleo, con pérdida de por lo menos 8.000 barriles de crudo.
Estas acciones fueron interpretadas por el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC), Juan Ospina, como "un cambio de estrategia de la guerrilla", que el gobierno, debilitado por la crisis institucional, aún no ha advertido en toda su dimensión.
Según la influyente revista Semana, con esta ofensiva la guerrilla no sólo dio una demostración de fuerza sino que "sentó las bases para una nueva estrategia de guerra".
Con sus ataques estaría buscando aprovechar la debilidad en que se encuentra el gobierno por la crisis desatada por la denunciada presencia del narcotráfico en el gopbierno del presidente Ernesto Samper para llevarlo a negociar nuevas condiciones para la guerra, consideró.
Para hacer frente a la insurgencia las Fuerzas Armadas afirman que requieren mayores recursos y están haciendo "lobby" en el Congreso no sólo para que se les aumente el presupuesto a 4.000 millones de dólares sino para obtener mayores atriubuciones para el control del orden público.
Sin embargo, un informe de auditoría de la Contraloría General de la Nación indica que el problema estribaa más en el mal manejo que en la ausencia de fondos.
En su informe de auditoría a las Fuerzas Armadas la Contraloría señala que los ministerios de Defensa y de Hacienda "asaltan la buena fe del Congreso", no utilizan su presupuesto "como debe ser".
Entre las irregularidades detectadas por la contraloría destacan la desaparición de recibos de control para suministro de combustible y la destinación para otros gastos de partidas con destino específico.
También fueron observados gastos excesivos en fiestas, propinas y regalos enviados a título personal a esposas, hijas o familiares de funcionarios.
Por otra parte, la Contraloría observó que mientras los militares pedían más presupuesto en 1994, el Ministerio de Defensa no ejecutó 52 por ciento de los fondos asignados.
Un memorando de la Consejería para la Defensa y la Seguridad Nacional enviado al ministro Esguerra y divulgado esta semana por la edición colombiana de la revista Cambio 16 advierte sobre la incapacidad de los uniformados para "someter por la vía militar a los factores desestabilizadores".
Según el documento, el factor determinante de esta incapacidad es la "ineficacia de los servicios de inteligencia", a lo que se suma la falta de disponibilidad de los soldados y los escasos recursos.
El estudio indica que sólo 30 ppor ciento de los 130.000 efectivos castrenses está en capacidad de movilizarse en casos de confrontación, como ocurrió el 30 de agosto en Putumayo.
Otros informes señalan que la fuerza pública ha aumentado en 100.000 hombres en los últimos diez años y su presupuesto se ha incrementado en más de 400 por ciento, pero la inversión en fusiles, munición y dotación ha sido apenas de 20 por ciento del total recibido. (FIN/IPS/yf/dg//ip/96
