El gobernador del departamento colombiano de Antioquia, Alvaro Uribe, calificó hoy de "insolidaria" la actitud de gobiernos extranjeros ante la lucha de Colombia para combatir la delincuencia.
Uribe criticó el hecho de que una aseguradora europea haya satisfecho las exigencias económicas de un grupo guerrillero para liberar a dos extranjeros que manetnía en siu poder.
La aseguradora (cuyo nombre Uribe no reveló) pagó al insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) más de dos millones de dólares por la liberación de los ingenieros Karl Heins y Ulrich Shulez, con la mediación de gobiernos extranjeros.
Heins, de origen alemán, y Shulez, danés, quienes trabajaban para una multinacional en la ampliación de una planta de cemento en Antioquia, habían sido secuestrados por el ELN en febrero.
Uribe reclamó una actitud "más honesta de los gobiernos extranjeros para que digan a la ciudadanía la verdad de sus pactos con la guerrilla".
Afirmó tener pruebas de que la aseguradora pagó a la guerrilla por la liberación de los secuestrados y que si bien los gobiernos de sus respectivos países no participaron directamente en la operación mediaron para que se realizara.
"No sé si el dinero salió de los fondos de uno de esos gobiernos (Alemania o Dinamarca) o de la aseguradora", pero "tenemos la certeza del pago de ese rescate", señaló Uribe.
Esas operaciones, declaró, sólo contribuyen a que la guerrilla aumente su capacidad para compar más armas, seguir secuestrando ciudadanos y continuar operando sus laboratorios para el procesamiento de drogas ilícitas.
Uribe interpretó también el pago del rescate a la guerrilla como una expresión de desconfianza frente a la capacidad de las autoridades locales para enfrentar a estas organizaciones.
Los dos gobiernos europeos "no colaboraron con las autoridades colombianas", sostuvo, garantizando que su administración hubiera trabajado conjuntamente con ellos en la liberación de los secuestrados, como "lo ha hecho en otros casos".
El jefe antisecuestros Alberto Villamizar afirmó no obstante que el pago de rescate no constituye delito.
En 1995, fueron secuestradas en Colombia por delincuentes comunes e insurgentes cerca de 700 personas y en lo que va de este año se está alcanzando ya la misma cifra, según la organización País Libre, que trabaja en acciones de apoyo a familiares y víctimas de este tipo de acciones. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96
