El gobierno de Colombia y cultivadores de coca llegaron hoy a un acuerdo parcial para poner fin a la protesta de los campesinos, que demandan reformular la política de erradicación de cultivos ilegales.
Tras la oficialización del acuerdo, prevista para este fin de semana, se produciría el retorno a sus labores de cerca de 70.000 campesinos e indígenas, que están concentrados en diferentes partes del sureño departamento de Caquetá.
Entre los puntos del acuerdo aprobados ya se encuentra el compromiso gubernamental de iniciar un proyecto de desarrollo integral que comprenda acciones en el campo de la salud, la reforma agraria y mejoramiento de la infraestructura de vías y electricidad.
Faltan por concretar aspectos relacionados con la educación y la protección de los derechos humanos y la asignación de recursos para facilitar el retorno de los campesinos a sus lugares de origen.
Aún no se ha informado los compromisos asumidos por los campesinos dentro del plan de erradicación de cultivos ilícitos, que el gobierno del presidente Ernesto Samper ha reiterado que no es negociable.
William Osorno, principal vocero de los campesinos, afirmó que con el acuerdo se espera "que gane el departamento, que ganen los campesinos y que gane el país".
El acuerdo es el segundo que se produce tras la ola de protestas de los campesinos cocaleros, que han pedido que el tema de los cultivos ilícitos sea tratado como un problema social y no policial ni militar.
El primer acuerdo se firmó en agosto con unos 40.000 campesinos del departamento de Putumayo, que con Caquetá y Guaviare, en el sur, y Meta, en el centrooeste, son las mayores regiones cultivadoras de coca de Colombia.
Aún persisten protestas de cocaleros en Meta, donde los campesinos reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno a comienzos de este año, y en Norte de Santander, en el este, donde piden mejoras sociales y medidas de seguridad. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96
