Cuando dos parlamentarios canadienses presentaron un proyecto de ley que permitiría a los particulares demandar a Estados Unidos por las tierras que se apropió durante la guerra de la Independencia, el mundo sonrió pensando que se trataba de una burla a Washington por sus medidas contra Cuba.
Sin embargo, algunos canadienses parecen haber tomado en serio este asunto.
John Godfrey, uno de los legisladores que patrocina el proyecto – el otro es el liberal Peter Milliken-, informó que unas 50 personas han expresado interés en demandar una indemnización a Estados Unidos por tierras incautadas en el siglo XVIII, durante la guerra revolucionaria contra los británicos.
"Espero que haya más gente interesada", dijo Godfrey a IPS. "Existen ahora tres millones de personas en Canadá, que descienden de aquéllos a los que les fue arrebatada la tierra, y el valor de esas propiedades se estima en miles de millones de dólares".
"Estamos hablando de tierras que ahora son parte de Boston, Manhattan, Filadelfia, aunque a juzgar por lo que he visto de Filadelfia, no creo que ningún canadiense quiera que le devuelvan eso", ironizó Godfrey.
Una mujer escribió al parlamentario para informarle de que sus ancestros fueron expulsados de un pedazo de tierra que ahora es parte del centro de Washington.
"¿Se puede usted imaginar lo que esto podría significar? Tal vez la propia Casa Blanca pueda estar asentada en propiedades confiscadas", reflexionó el legislador.
El proyecto Godfrey-Milliken se propone imitar lo más posible la lógica y la redacción de la ley Helms-Burton estadounidense, llamada Ley de Solidaridad con la Democracia Cubana, destinada a desalentar la inversión extranjera en Cuba.
Los dos autores de la propuesta son descendientes de personas que residían en las colonias sublevadas en el siglo XVIII pero permanecieron leales a Inglaterra durante la guerra de la Independencia.
El pensamiento que anima a su iniciativa es que si Estados Unidos puede aplicar medidas para recuperar tierras que fueron incautadas en tiempos de rebelión política en Cuba, entonces puede utilizarse el mismo procedimiento contra aquel país.
La ley de Estados Unidos, patrocinada por el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton, permite que los cubano- estadounidenses demanden en tribunales de ese país a las firmas extranjeras cuyos negocios en Cuba incluyan el uso de propiedades confiscadas por la Revolución Cubana.
También permite impedir el ingreso a Estados Unidos de miembros de esas empresas extranjeras o sus familiares.
La ley Godfrey-Milliken, formalmente llamada Ley de Solidaridad (Lealtad) con la Democracia Americana, daría iguales derechos a Canadá y a los descendientes de los "Leales al Imperio", que fueron desposeídos de sus propiedades por negarse a renunciar a su adhesión a Inglaterra.
Este proyecto canadiense, que según Godfrey será puesto a votación en el Parlamento este otoño, ya ha conseguido colocar sobre la mesa muchas preguntas acerca de las consecuencias más amplias de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
"Es mucho más fuerte como forma de protesta que las protestas formales del ministro de Asuntos Exteriores", dijo Godfrey.
El gobierno canadiense, por cierto, replicó formalmente contra la ley Helms-Burton el 16 de este mes, cuando introdujo enmiendas a la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras, que fueron aprobadas por el Parlamento.
Las nuevas normas bloquean los efectos de cualquier acción de residentes estadounidenses que exijan indemnización de ciudadanos o empresas canadienses a raíz de demandas judiciales ganadas en tribunales de Estados Unidos.
El Procurador General de Canadá podrá promulgar órdenes de "bloqueo", declarando que los fallos judiciales dictados bajo cualquier ley extranjera "objetable" no serán aplicados ni reconocidos en Canadá.
El proyecto Godfrey-Milliken ha recibido aplausos generalizados en Canadá, pero no todo el mundo está de acuerdo.
El columnista de temas económicos, Terence Corcoran, de orientación conservadora, escribió en el diario Globe and Mail que los Leales al Imperio ya fueron muy bien compensados cuando Inglaterra les entregó tierras canadienses.
Además recordó que el Tratado de París, de 1783, no obligó a Estados Unidos a indemnizar a los Leales, sino simplemente a recomendar esa medida a los estados federados.
Ante la pregunta de si su argumentación en favor de compensar a los Leales al Imperio no será de hecho un refuerzo de la lógica de la ley Helms-Burton, el legislador bromeó: "Me encantaría que la ley Helms-Burton fuera la fuente ética que abriera el camino a una ley Godfrey-Milliken".
"Será un placer sacrificar a los cubanos. Si esta es la nueva moral imperante en el comercio internacional, entonces estoy a su favor, porque voy a convertirme en un hombre muy rico", dijo entre carcajadas. (FIN/IPS/tra-en/sd/yjc/arl/ip-if/96
