El ataque con morteros a la capital de Burundi por rebeldes hutu marca el comienzo de una nueva fase en el conflicto que sacude a la nación africana desde 1993, aunque autoridades en Bujumbura minimizaron el hecho.
El lanzamiento esta semana de granadas y morteros sobre blancos en las afueras de Bujumbura fue el primer ataque hutu a la capital, mientras intensos combates se registraron en las ciudades de Kayanza y Ngozi, al norte del país.
No obstante, el director general de Comunicaciones del Ministerio de Defensa, teniente coronel Isai Nibizi, dijo el miércoles a la estatal Radio Bujumbura que "la seguridad está en buenas condiciones en todo el país, a excepción de ataques aislados en la provincia de Bubanza", en el noreste y otras áreas.
Según Nibizi, con el bombardeo a la capital los rebeldes quisieron dar a la comunidad internacional la imagen de que controlan una parte importante del territorio.
Los militares han disparado a los rebeldes desde helicópteros para retirarlos de sus posiciones en las colinas que rodean la capital, y Nibizi dijo este jueves que el ejército aún persigue a los rebeldes, quienes prefieren "atacar y matar a civiles inocentes".
El ataque del martes a Bujumbura fue atribuido al Frente para la Defensa de la Democracia (FDD), brazo armado del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD), grupo opositor basado fuera de Burundi.
Pero el vocero del CNDD Jerome Ndiho dijo que esto no es verdad, y acusó al ejército de lanzar un ataque sobre las colinas que rodean Bujumbura, desatando una fiera respuesta del FDD para proteger a los civiles.
Burundi está en crisis desde octubre de 1993, cuando una sección del ejército intentó derrocar al primer gobierno electo, liderado por Melchior Ndadaye.
Ndadaye, quien además fue el primer presidente perteneciente al mayoritario grupo hutu, fue asesinado en el intento de golpe, que desató enfrentamientos étnicos en los que murieron entre 25.000 y 50.000 personas en tres meses.
A comienzos de 1994, la tensión étnica creció a medida que extremistas hutu y tutsi intentaban controlar el territorio. Muchas personas murieron en Bujumbura en febrero y marzo, en los combates entre facciones hutu y el ejército, mayoritariamente tutsi, el cual ha sido acusado de asesinar a entre 400 y 1.800 civiles.
Accediendo ante la presión de la oposición, el entonces gobernante Frente para la Democracia en Burundi (FRODEBU) firmó un acuerdo de gobierno compartido con la Unión para el Progreso Nacional (UPRONA) y otros partidos de oposición, en septiembre de 1994.
Esto fue seguido por deserciones de FRODEBU de políticos opuestos al acuerdo, la formación del CNDD y la creación de su ala armada.
La coalición resultante del acuerdo de 1994 fue paralizada por la división y no logró detener los enfrentamientos. Esta situación y acusaciones de que el presidente Sylvestre Ntibantunganya apoyaba al CNDD, hizo que muchos políticos del FRODEBU optaran por el exilio.
Aunque el FRODEBU inicialmente se opuso a la guerrilla del FDD, informaciones indican que algunos de los nuevos exiliados piensan ahora que el partido no tiene otra opción que lanzar una lucha armada para forzar a la junta que gobierna Burundi desde el 25 de julio a instaurar una democracia multipartidaria.
No obstante, no resulta claro si el FRODEBU dará ese paso y se unirá al CNDD o si formará su propio movimiento rebelde.
Lo que resulta claro, no obstante, es que tanto el CNDD como el FRODEBU pretenden forzar a los militares a la mesa de negociaciones, y el ataque de esta semana podría haber sido parte de un esfuerzo por lograr esta meta.
Sin embargo, el régimen militar de Pierre Buyoya afirma que el objetivo de los rebeldes es eliminar a la minoría tutsi, y se niega a negociar.
El régimen de Bujumbura ignoró un llamado del Consejo de Seguridad de la ONU el 30 de agosto para el retorno al orden constitucional.
La ONU también demandó que todas las partes cesaran las hostilidades e iniciaran negociaciones incondicionales o enfrentaran la posibilidad de un embargo de armas y otras medidas.
El logro de un acuerdo negociado es también el objetivo de las sanciones impuestas el 31 de julio por los países del este y centro de Africa. (FIN/IPS/tra-en/jbk/mn/kb/lp/ip/96
